Si partimos de que en nuestro país hay 19.338 colegios públicos, realizar una instalación de aire acondicionado (y otras acciones de climatización) supondría una inversión de 2.900.700.000. Esto es: el dinero del Gobierno llegaría al 6,89% de los centros y dejaría sin cubrir el 93,11% restante. Hay que tener en cuenta que estos cálculos se han realizado a la baja pues otras voces técnicas estiman que el gasto llegaría a los 10.000 millones. «Este plan del Gobierno se queda cortísimo. No da ni para empezar. Creemos que hay otras fórmulas más efectivas, más inmediatas y más baratas como, por ejemplo, renaturalizar los patios (con más árboles o techos cubiertos», opina Sánchez, que representa a los padres de los centros públicos españoles. Desde la enseñanza concertada, por su parte, lamentan quedarse fuera de la medida.

Basta fijarse en la inversión que anunció en 2024 Castilla-La Mancha para esta misma cuestión: allí, para llegar a 600 centros de Infantil y Primaria se aprobó una partida de 50 millones de euros. En esa comunidad estimaron que la climatización por aula cuesta en torno a 3.500 euros.

El Ministerio de Transición Ecológica ha detallado que el programa de ayudas se transferirá a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión, una vez aprobados los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía. A pesar de la insuficiente dotación, el Gobierno ha asegurado que se podrán financiar obras para adecuar la envolvente térmica de los edificios, mejorar la eficiencia energética y utilizar energías renovables en las instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria e iluminación, así como la incorporación de sistemas de automatización y control, entre otras actuaciones.

Las actuaciones, según ha especificado el departamento que dirige Sara Aagesen, deberán acreditar una reducción del consumo de energía final mínimo de un 10% del edificio en cuestión, o de las instalaciones específicas de uso docente objeto de la intervención. El Programa de ayudas finalizará el 31 de diciembre de 2030 y el MITECO llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Energía una propuesta de reparto de los fondos que será proporcional al número de centros docentes en cada territorio. El PREE Docente tendrá, por lo tanto, una gestión territorializada, de modo que los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas los fijarán las comunidades y ciudades autónomas en sus respectivas convocatorias.

Los gobiernos regionales también podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al MITECO, actuará como coordinador del PREE Docente y transferirá los fondos a cada territorio.