El dato es conocido. Pedro Sánchez ha comprometido el impulso de 184.000 viviendas a precios asequibles antes de la finalización de su mandato. También es conocido que ocho años después las viviendas efectivamente puestas en el mercado por el Gobierno están lejos de esa cifra, entre 10.000 y 15.000, y que la consecución de ese objetivo está muy lejos de ser realista, como ha tenido que reconocer el propio Gobierno en la renegociación con Bruselas de los objetivos del Plan de Recuperación. Ante esta situación los meses que quedan de aquí a las elecciones se han convertido en una carrera por engordar esa pobre estadística.
El Gobierno lleva tiempo rastreando la cartera de activos disponibles de la Sareb, del Instituto Militar de la Vivienda (Invied) o de otras sociedades estatales como Segipsa para adecentar la oferta estatal de vivienda asequible de la flamante nueva empresa de vivienda del Estado, Casa 47, edificada sobre los activos de Sepes, y atender la cada vez más acuciante escasez de oferta.
La última vuelta de tuerca de esta estrategia ha sido la suspensión transitoria de las subastas de inmuebles que realizan las delegaciones territoriales de Hacienda dentro del plan de puesta en valor de los inmuebles del Estado para analizar el posible encaje de esos activos en la política de ensanchamiento de la oferta de vivienda asequible del Gobierno, como confirman fuentes del Ministerio de Hacienda. «Desde finales de 2024 la Dirección de Patrimonio procedió a suspender los procesos de enajenación de solares y viviendas propiedad del Estado que pudieran ser considerados utilizables para responder a los requerimientos de la política de generación de vivienda pública asequible», aseguran.
Este trabajo de desbroce se está haciendo de manera conjunta entre los funcionarios de Hacienda y el personal de Casa 47 «para determinar los que efectivamente resultan aptos para dedicarse a ese objetivo». El objetivo del Gobierno es que este mismo año Casa 47 integre dentro de su oferta de viviendas de alquiler asequible activos procedentes de la Sareb, Segipsa y de la Administración del Estado y sus organismos públicos, a fin de crear un masa crítica digna de un parque de vivienda de dimensión estatal.
Prioridad para Hacienda
El Ministerio de Hacienda ha dado prioridad total a este programa de reorientación de inmuebles de titularidad estatal hacia vivienda asequible hasta el punto de convertirlo en el objetivo más relevante de Patrimonio para 2026. Aspira a poner en valor a lo largo del ejercicio cerca de 2.000 inmuebles y a enajenar la mitad.
La suspensión de las subastas de inmuebles de la Dirección General de Patrimonio deja en el aire el futuro de los 1.884 activos inmobiliarios repartidos en once comunidades autónomas que las delegaciones territoriales de Hacienda tenían previsto enajenar al mejor postor de aquí al año 2030. Se trata de inmuebles que forman parte o caen en el patrimonio del Estado por diversas casuísticas y que tras un análisis previo se entiende que no resultan necesarios para un uso o servicio público ni se considera conveniente su explotación, por lo que se entiende que el mejor negocio es su venta.
Ventas e ingresos acumulados
por ventas por subasta
Número de inmuebles
Totales anuales
872
775
674
566
466
358
196
2018
2019
2020
2022
2021
2023
2024
Ingresos
Millones de euros
680
670
456
239
222
123
110
2018
2019
2020
2022
2021
2023
2024
Fuente: Agencia Tributaria / ABC
Ventas e ingresos acumulados por ventas por subasta
Número de inmuebles
Ingresos
Totales anuales
Millones de euros
872
680
670
775
674
566
456
466
358
239
222
196
123
110
2018
2019
2020
2022
2018
2019
2020
2022
2021
2023
2024
2021
2023
2024
Fuente: Agencia Tributaria / ABC
Según fuentes ministeriales, «estas actuaciones, además de generar los correspondientes ingresos, tratan de ajustar el tamaño del patrimonio público a las necesidades reales de la Administración, reduciendo la acumulación de activos no necesarios para el desempeño de funciones públicos y evitando las cargas asociadas a su tenencia, costes de mantenimiento, responsabilidades, pago de tributos, etcétera».
1.884
Inmuebles en el aire
La paralización de las subastas de inmuebles del Gobierno ha dejado en el aire el destino futuro de 1.884 activos inmobiliarios que las delegaciones territoriales de Hacienda planeaban vender al mejor postor de aquí a 2030 para generar ingresos para el Estado
Hace tiempo ya que la colocación en el mercado al mejor postor de inmuebles ociosos titularidad de la Administración del Estado se convirtió en una jugosa fuente de ingresos para el Estado. El programa de puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado se activó en 2013 en un contexto en que el Gobierno de Mariano Rajoy necesitaba buscar recursos de debajo de las piedras para cumplir los objetivos de consolidación fiscal impuestos por Bruselas. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018 este programa ha permitido vender a la mejor oferta sobre la mesa 872 activos inmobiliarios que han dejado en la caja de Hacienda 680 millones de euros.
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