Una de las condiciones que ERC quiere negociar con el PSC para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026 es la creación de un consorcio Estado-Generalitat para garantizar una mejor ejecución de la inversión en infraestructuras por parte del Gobierno central. El único problema es que este organismo sería inútil si no hay Presupuestos Generales del Estado, según consta en un estudio de la propia Generalitat. Y dada la actual minoría en la que vive el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no hay perspectiva de que puedan aprobarse.

El estudio 'Las inversiones del Estado en Cataluña. ¿Cuáles son los mejores mecanismos para su garantía?' lo firma Gerard Martín i Alonso, responsable del Área de Asesoramiento sobre la Organización Territorial del Poder del Instituto de Estudios de Autogobierno y profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Lo ha publicado el Instituto de Estudios de Autogobierno, organismo que depende de la Consejería de Presidencia de la Generalitat.

La clave radica en que para que el Consorcio pueda ser operativo y tutelar de manera efectiva la ejecución de la obra pública en Cataluña, ha de contar con la correspondiente cobertura legal. Pero esa cobertura legal ha de llegar precisamente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y Sánchez lleva sin aprobar unas cuentas públicas desde 2023. Asegura que pretende acabar la legislatura, pero eso no se traduce en que se vayan a sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

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"El consorcio debería autorizarse por ley —lo razonable es que esta ley fuera la de Presupuestos Generales del Estado— y debería crearse mediante convenio", dice el estudio. Y en otro punto asevera: "La consecuencia asociada al eventual incumplimiento inversor que parecería más efectiva sería establecer –a través de la ley de presupuestos generales del Estado– que las cantidades previstas para las inversiones estatales que no se hubieran ejecutado deberían transferirse a la Generalitat de Cataluña en un plazo razonable –por ejemplo, tres meses– desde la finalización del ejercicio”.

“Respecto a esta segunda fórmula, es preciso hacer los siguientes comentarios: Se debería prever en la ley de Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata de la norma que determina las inversiones estatales en territorio autonómico”, sigue a continuación.

Niveles ridículos

Los datos de ejecución de la inversión en infraestructuras en Cataluña del Gobierno central son bajos. Al cierre de 2023, revelan que el Estado ejecutó el 45,2% de la inversión comprometida durante el año. Con los datos del primer semestre de 2024, la ejecución al cierre del mes de junio era del 20%, solamente. En 2021 esta cifra sólo fue del 36%, ridículamente baja. La idea del consorcio que ahora quiere impulsar ERC busca paliar este problema.

El nuevo consorcio debería centrarse “en el ámbito de las infraestructuras (ferroviarias, carreteras) o, en general, en aquellas actuaciones inversoras más relevantes por la cuantía de los fondos comprometidos o por su importancia para los intereses de Cataluña”, según el estudio.

ERC ya ha presentado en el Congreso una proposición de ley para aprobarlo

Pero ni el PSC, que planteó dicho consorcio en la fase anterior, ni ERC, que ahora lo vuelve a sacar a colación como una manera de sustituir la presión que antes ejercía para que Cataluña gestionase el IRPF, han detallado el marco legal en que se movería la nueva entidad y que daría amparo a su actuación. Al contrario, Esquerra ha optado por otra vía: ha presentado una proposición de ley en el Congreso hace un mes. Ahora este texto se encuentra pendiente del informe preceptivo del Gobierno. Luego se le tiene que asignar un turno de debate en el pleno.

Nueva trampa

El informe pone de manifiesto que ERC podría estar entrando en una nueva trampa. Otra ardua negociación con el PSOE que quedaría en nada al no tener Presupuestos Generales del Estado o carecer de la mayoría parlamentaria suficiente. Aunque se crease el Consorcio sin el cambio legal, el organismo no tendría capacidad coercitiva para que se cumpliesen sus directrices.

ERC ya ha vivido eso, con la nueva financiación autonómica o con la condonación del FLA. Los acuerdos son buenos para Cataluña, pero luego no se pueden implementar por razones ajenas a los negociadores, como por ejemplo, carecer de mayoría en el Congreso de los Diputados.