Siguen irregularidades en bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes

'El Japón', uno de los mejores predios, es propiedad de una mujer que presta servicios de cafetería.

13.02.2010 00:01 Actualizado: 13.02.2010 00:01

Comentar

Además, el hombre al que esa entidad le dio el manejo de bienes de 'Jabón' y de 'Comba', fue asesinado.

Con una escritura pública en la mano, el abogado de la señora María del Carmen Góngora de Santana, llegó este miércoles a la hacienda El Japón, cerca a La Dorada (Caldas) a sacar al Incoder y al grupo de empresarios al que el Estado -a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)- les tiene asignado ese predio desde hace más tres años.

Varios hombres clavaron estacas a lo largo de 147 de las 1.000 hectáreas que tiene la hacienda y dijeron que las 100 reses de engorde que estaban en el potrero quedaban confiscadas para pagar los impuestos que la alcaldía de La Dorada les estaba cobrando.

Dos días antes, un grupo armado ya había visitado esta magnífica hacienda, en pleno Magdalena Medio, para hacer la misma advertencia: "Esto no es del Estado".

Voceros del Incoder -que confirmaron la presencia de hombres armados- agregaron que la propia señora Góngora les dijo que iba a desarrollar allí un proyecto de vivienda con la alcaldesa encargada de La Dorada, Martha Patricia Bernal. Por eso, debían evacuar de inmediato a las 15 familias campesinas que desarrollan en el lugar un proyecto de cultivo de heno.

Reporteros de este diario establecieron que la supuesta 'nueva dueña' de El Japón es una mujer de bajo perfil, conocida en la región por prestar servicios de cafetería a entidades públicas y manejar su propio supermercado: La Porteña, en La Dorada.

Su abogado, Ricardo Suárez, asegura que la señora compró legalmente la hacienda en 1998 -por casi 500 millones de pesos- a una empresa del narco Jairo Correa Alzate a quien el Estado le extinguió el bien ese mismo año.

Además, se declaró ajeno al grupo armado que está haciendo presencia en la zona.

Y cuando se le indagó por qué esperaron 12 años para reclamar la propiedad, dijo que en el lugar merodeaban grupos armados que le causaban miedo a la señora Góngora.

Al respecto, en octubre pasado EL TIEMPO denunció que en la hacienda El Japón se estaban reclutando a ex miembros de las Auc para enviarlos a Honduras, información que fue recogida por la Naciones Unidas.

Omar Figueroa, cabeza de la DNE, aseguró que desde el jueves envió una comisión de abogados, escoltados por la Policía, para averiguar qué es lo que está sucediendo en el lugar: "Tenemos el fallo de extinción y hay que establecer si se trata de una maniobra fraudulenta, como muchas que ya hemos detectado y denunciado, en las que se valen de documentos falsos", dijo.

Y anunció que ya instauró una denuncia y empezó a investigar la autenticidad de los papeles que exhibe la supuesta 'nueva dueña' de uno de los mejores predios en manos de la DNE.

Por ahora, este diario estableció que aunque en la escritura de Góngora se refieren a una finca de 140 hectáreas, los linderos que aparecen en el documento delimitan la totalidad de El Japón: mil hectáreas.

Además, la alcaldesa de La Dorada dijo que no tenía ningún proyecto con Góngora. Pero no explicó por qué le está cobrando unos impuestos sobre un bien que pertenece al Estado.

Administradores asesinados

Pero este no es el único caso irregular que recorre los pasillos de esa entidad.

Aunque puede ser una fatal coincidencia, en los últimos cuatro meses han sido asesinados tres personas que han actuado como depositarios o administradores de más de 50 bienes de la mafia.

El crimen más reciente es el de Gabriel Raúl Granados Echeverri, quien manejaba cerca de 30 predios, algunos de ellos recién incautados en el Valle a los Hernández Jiménez, supuestos testaferros de los capos Luis Enrique Calle, alias 'Comba', y de Wílber Varela, alias 'Jabón'.

Hace 15 días, el cuerpo de Granados fue encontrado atado de pies y manos, con señales de tortura y heridas de arma de fuego, en límites entre los municipios de Calarcá y Salento (Quindío), dentro de una camioneta Toyota gris de placa NAV 197 de Manizales.

"Era uno de los depositarios más antiguos de la Dirección -dice Omar Figueroa-. Nosotros pedimos que el caso fuera investigado y por ahora permanece en reserva".

Granados venía administrando bienes desde el 2000 y sus familiares aseguran que no había recibido amenazas.

Y, en enero, también fue asesinado el gerente financiero del Grupo Lozano que administra tres sociedades del grupo Grajales en el Valle.

Tres meses atrás, sicarios mataron a Roberto Marcillo, ex alcalde de Supuyes y ex diputado de Nariño, quien administró por encargo de la DNE una empresa de taxis en Pasto, que perteneció al cartel de Cali.

"Creemos que esta muertes son una forma de ejercer presión indebida, ante la cual no vamos a acceder bajo ninguna causa. Esto no nos va a amedrentar", aseguró Luis Fernando Sáchica, subdirector de bienes de la DNE.

Lo cierto es que estos casos coinciden con la denuncia hecha por el propio presidente Uribe, quien dijo hace 8 días en Caucasia (Antioquia) que grupos armados estaban ocupando bienes a cargo de la DNE. La denuncia presidencial aún se está indagando.

¿Qué pasó con la denuncia de Uribe?

El fin de semana pasado, en un Consejo de Seguridad realizado en Caucasia (Antioquia), el presidente Álvaro Uribe aseguró que tenía denuncias de que predios ubicados en esa zona, a cargo de la DNE, estaban de nuevo en manos de grupos armados. Desde ese día, cien hombres -entre miembros del Ejército y la Policía, alcaldes y funcionarios de la DNE y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)- empezaron a verificar el estado de las fincas y por ahora, dicen, no han encontrado nada irregular. "Ya hemos verificado 50 matrículas inmobiliarias de 95 que maneja la DNE en esa zona y casi todos los predios están en manos de 350 familias campesinas a las que el Incoder se los asignó", asegura Omar Figueroa, cabeza de la DNE.

Y agregó que esta semana tendrán listo un informe final, que incluye el departamento de Córdoba, para entregárselo al presidente Uribe.

En su mayoría, esos predios eran de los paramilitares Ramiro 'Cuco' Vanoy, Salvatore Mancuso y de los hermanos Galeano, antiguos narcos, patrones de Fernando Murillo Bejarano, alias 'Berna'.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com.co

Sigue toda la información de Archivo en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.