El Tribunal Supremo se ha visto obligado a adelantar su fallo contra el fiscal general del Estado y debe de hallarse hoy entre la estupefacción y el monumental enfado al comprobar que su verbo ya no hace carne. Su potestad de emitir verdad se ha roto. La ha roto el propio tribunal, con la retransmisión de una vista oral que nos ha permitido contemplar la obscenidad mundana tras los cortinones del palacio de las Salesas, bajo las togas volanderas, la escasa sofisticación de un atropello, la condición ramplona del mal derecho. El fallo emitido el 20-N —“¡Viva Cristo Rey!”— le grita al país entero con letras de Groucho Marx: “¡¿A quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?!”. Los titulares del viernes expresaban un desacato —sosegado y razonado, pero firme como un mojón de granito incrustado en una cuneta del desfiladero de la Hermida— nunca antes visto. Ni siquiera con ocasión de la condena y posterior retirada del acta al diputado canario Alberto Rodríguez o con la sentencia del procés, por citar recientes greatest hits de la sala segunda. Hoy la prensa digna de tal nombre no ha opinado, se ha insubordinado contra la verdad administrativa. La ironía, consistente en que el adelanto del fallo obedece al temor a que uno de los miembros de la sala filtrase su sentido  —son siete—, asunción tácita de la costumbre togada de darse importancia ante la prensa violando la discreción que el indumento les exige, aún añade más grietas a la fachada de un proceso que, precisamente, perseguía castigar una filtración que nunca pudo probarse.