Isabel Perelló es una mujer tímida. Se percibe especialmente cuando habla en público. Le cuesta levantar la mirada del documento tras el que se resguarda, no le gusta improvisar. Pero eso no quiere decir que no diga lo que piensa: el documento está pensado. En los diez meses que lleva presidiendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS), la presidenta Perelló ha sabido sobreponerse a esa característica de su temperamento.

Incluso, recientemente ha sido vista cantándole las cuarenta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero con educación, sin levantar la voz, a la manera en la que protestan los tímidos. Y el ministro encajó como quien está seguro de lo que hace, con cintura y las mismas dosis de educación. Todo muy elegante, fuera de las maneras habituales del discurso dominante en la opinión pública: ese que divide sin matices entre conservadores y progresistas —ya a jueces ya a periodistas— en una magnífica forma de dar la victoria al populismo.

Pero la realidad, sofisticada o no, es la que es: Perelló simboliza como nadie el fracaso del plan Sánchez para tomar el Poder Judicial. Va camino de ser la musa del antisanchismo, como el juez Manuel Marchena lo fue del antiprocés. Pequeños mitos de la conversación pública española, como para el actual Ministerio de Justicia y ese minoritario sector progresista lo son el icono gay Pedro Zerolo y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, premiados hace quince días para exasperación del mundo jurídico con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Puestos a simplificar, y en términos de admiración en el ámbito jurídico, la diferencia entre la derecha y la izquierda es lo que va de Marchena y Perelló a Zerolo y Zapatero. De Conde Pumpido hablaremos en este artículo, pero cuidado: si nos atenemos a las etiquetas, Perelló nunca ha sido conservadora, y sigue sin serlo. Esa es una de las claves de la actual situación.

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El hecho es que diez meses después de su nombramiento como presidenta del CGPJ, Isabel Perelló se ha convertido en un auténtico dique contra las presiones al tercer poder del Estado. A la chita callando, sin hacer demasiado ruido, pero sin callarse nada está demostrando que está dispuesta a cumplir el mandato por el que fue elegida: poner a funcionar de nuevo el Poder Judicial y renovar los centenares de plazas pendientes en los tribunales españoles. Algunas, especialmente significativas y muy golosas para el poder político: ¿Qué más quiere el Gobierno que poder controlar las Salas II, de lo Penal, y III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo?

Por eso es tan importante que esta semana hayan renunciado a ocupar las presidencia de esas salas las dos candidatas del llamado sector progresista del CGPJ: Ana Ferrer para la II y Pilar Teso para la III. El momento es importante, pues la renovación de estas plazas estaba bloqueadas desde el pasado mes de octubre y el miércoles 23 van a volver a examinarse en el pleno del CGPJ. De permanecer el bloqueo, la convocatoria habría quedado desierta.

Pero Ferrer y Teso, respetadas juristas, y a la espera de saber si hay algún motivo que se nos escape, han decidido situarse por encima de esta batalla que, visto desde la perspectiva que da una carrera profesional de varias décadas, se les queda demasiado pequeña. Ellas también son juristas de éxito, porque en el Supremo lo que más hay es eso: juristas de éxito. Y, con perdón, no se puede decir lo mismo del Tribunal Constitucional.

Por eso, en el ámbito jurídico empieza a crecer el debate sobre el modelo Perelló frente al modelo Pumpido. Si nos agarramos al maniqueo modelo, ella cae del lado progresista, pero esa es otra de sus grandes aportaciones: la ejecutoria de Isabel Perelló rompe el falso juego de buenos malos, malos y buenos, progres y conservadores. Eso sí, lo hace desvelando que en el bloque progresista hay dos tendencias: los afines al Gobierno y los que teniendo una forma de ver la vida y el derecho no se someten al poder. Tal vez sea eso lo que mejor represente Perelló, por mérito propio y por el momento que le ha tocado vivir. Si esto fuera una novela se podría titular el Derecho en los tiempos del cólera (o del populismo). Y ahí está la comparación con el TC de Pumpido, y con la trayectoria del presidente del TC, infinitamente más larga que la de la actual jefa del Poder Judicial.

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En este momento, las presidencias de ambas plazas del Supremo están cubiertas en funciones por los dos magistrados por los que apuesta el bloque conservador: Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, que este miércoles serán los únicos candidatos, por lo que, salvo sorpresa, serán confirmados en ambos puestos. Eso sí, necesitan trece votos. “Un veto sería un escándalo, porque no va a haber alternativa, y lo que no puede ser es que por bloquear esas dos salas se bloquee lo que aún falta por hacer”, afirman desde el sector conservador del Consejo. Es importante que ninguno de los dos culminará el mandato de cinco años previsto en la ley, pues Martínez Arrieta se jubila en abril de 2027 y Lucas en julio de 2026.

"Urge el cese de cualquier presión o interferencia a la labor judicial", ha dicho Perelló en reiteradas ocasiones este año

A la espera de conocer el orden del día oficial, el Pleno tiene previsto concluir los últimos nombramientos pendientes, cerca de una treintena, como las presidencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de Valencia. Habrá sido un proceso largo que empieza a poner fin a un largo bloqueo político del Poder Judicial que ha repercutido directamente en el atasco judicial y en la carrera profesional de jueces con nombres y apellidos.

Isabel Perelló tomó posesión como presidenta del CGPJ y del TS en septiembre de 2024, hace poco más de diez meses. Su nombramiento fue un pacto entre los 20 vocales del órgano de Gobierno de jueces y magistrados, que acababan de iniciar su mandato tras cinco años de bloqueo. En sus diez meses presidiendo ha pronunciado muchos discursos. El primero en la apertura del año judicial, con todo el boato y en presencia del Rey. Ante la premura del nombramiento, recibió un discurso escrito por terceros, pero lo rechazó y pronunció el suyo, junto al Rey, que lo miraba atento.

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En enero, en la entrega de despachos de la 73 promoción de la carrera judicial: “No son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial". Y en junio en Alicante, en la inauguración de las Jornadas de Jueces Decanos de España: “Urge el cese de cualquier presión o interferencia a la labor judicial”. Y muchas otras veces, agarrada a sus folios, los suyos. Renunciando a hacerse fotos reclamadas por quienes tienen intereses en aprovecharse de su papel. Demostrando a su antecesor, Carlos Lesmes, que se puede ser más claro en las expresiones públicas. Se puede ser tímido y cantarle las cuarenta al poder. El contexto no puede ser más complejo para ella, pero de momento va cumpliendo objetivos.

El pleno del 23 de julio será el culmen a un buen puñado de discursos, a unos cuantos comunicados tibios pero consensuados, y, lo más importante, a una buena cantidad de nombramientos que mejoran el día a día judicial. No es solo cuestión de temperamento, es más un asunto de principios. Y de defensa de la democracia liberal.