Las grandes eléctricas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, han frenado su inversión en energías renovables y quieren reforzar un negocio más estable como la distribución de electricidad. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de decir cuánto y cómo se paga ese negocio de redes. La pasada semana, la CNMC les confirmó un ‘hachazo’ a lo que esperaban ganar entre 2026 y 2031 con este negocio. Una mala noticia para el sector que llega gracias al respaldo del PNV y que se aleja de las recomendaciones del propio Ministerio para la Transición Ecológica.

El punto de discrepancia se concentra en la rentabilidad anual que recibirán los próximos seis años por estos activos regulados, que son estratégicos en el proceso de transición energética y, todavía más, tras lo vivido en el apagón. La CNMC les sube la remuneración, pero no lo suficiente. Desde 2019, reciben un 5,58% y, a partir de 2026, cobrarán un 6,46%. Pero las eléctricas señalan que realmente es una caída del 26,4% en rentabilidad respecto a 2019, debido al aumento de los tipos de interés.

Empresas como Iberdrola señalaban que esta tasa debía situarse en el 7,5%, como ha aprobado Reino Unido en su plan de electrificar la economía, un mercado británico de redes donde la empresa de Ignacio Sánchez Galán está muy activa.

También consideran insatisfactoria la propuesta de la CNMC porque no premia que las empresas inviertan en red de distribución de manera anticipatoria, es decir, la apuesta por infraestructura eléctrica antes de que aparezca, por ejemplo, la petición de un consumidor industrial que no puede poner en marcha su proyecto hasta que no tenga red eléctrica.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno opta por dar más protagonismo a las renovables en su plan 'antiapagones'

Alberto Sanz

Una propuesta de la CNMC que sale en contra de los intereses de empresas como Iberdrola y con el respaldo del consejero Enrique Monasterio, representante del PNV en el regulador. Monasterio se ha unido a Carlos Aguilar, representante de Podemos, y a Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC, para sacar adelante esta controvertida tasa. Un hecho que el PNV no ha querido valorar ante la consulta de este medio.

Por su parte, se han opuesto a este 'hachazo' el vicepresidente de la CNMC, Ángel García, junto con las consejeras María Jesús Martín y Pilar Sánchez, representantes que siempre se han considerado 'más cercanos' al Gobierno. El frente de invertir más en redes, pagarlas mejor y reforzar su presencia en la revolución verde del sector energético tenía, en principio, unanimidad en el sector. Pero esta situación muestra que la CNMC no está alineada con las recomendaciones del Gobierno y, ni mucho menos, con las peticiones del sector.

Riesgo de inversión vs. subir los peajes

Las empresas le han trasladado al regulador que existen grandes volúmenes de peticiones de inversión. Algo que no cree la CNMC. El organismo que preside Cani Fernández cuestiona si la utilización de la red actual es insuficiente y considera que hay "espacio" que ocupar.

Una posición que preocupa a Iberdrola, Endesa o Naturgy, porque esta visión "excesivamente conservadora del regulador" amenaza la llegada de nueva demanda de grandes consumidores de electricidad, como industria convencional o centros de datos, que ponen en juego la hoja de ruta del país.

"Parece que la prioridad del regulador es asegurar que en ningún caso se incrementen los peajes, lo cual es positivo para el consumidor", explica Óscar Barrero, socio responsable de consultoría en el área de energía y utilities en PwC España. "Pero no puede ser a costa de poner en riesgo inversiones que, por otro lado, benefician al propio consumidor. Creo que la ausencia de indicaciones de política energética al respecto puede ser un aspecto crítico para reordenar estas prioridades", añade el experto.

​Tensión con el Ministerio

Esas “indicaciones de política energética” corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no ha emitido ninguna orden de orientación de política regulatoria en este sentido. Tampoco ha eliminado el límite de inversión máxima anual, límites que determinan cuánto pueden invertir las empresas distribuidoras y transportistas con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico.

El sector considera que esta decisión de la CNMC abre más brecha aún en su relación con el Ministerio para la Transición Ecológica. Una relación entre el regulador y el Ministerio que dirige Sara Aagesen que, desde el sector, consideran que está “más fría” que nunca. Pero, precisamente, esta relación será clave para pulir la propuesta de la CNMC, que, hasta el 4 de agosto, está abierta a alegaciones.