El Tribunal Administrativo de Primera Instancia de Atenas ha condenado al Estado griego, la región de Ática y el municipio de Maratón a indemnizar con más de medio millón de euros más intereses a la familia de una de las víctimas del devastador incendio forestal de 2018 en la región de Ática.

Se trata de una sentencia que atribuye responsabilidad directa a las administraciones por "actuación negligente", mala coordinación y falta de medidas preventivas. La tragedia ocurrió el 23 de julio de 2018 y arrasó zonas residenciales en Mati y Nea Makri, causando 103 muertes y destruyendo centenares de viviendas. En el caso juzgado, la familia de uno de los fallecidos demandó al Estado por daños morales, materiales y psicológicos.

El caso fue impulsado por el despacho español Navas & Cusí, que dirigió la estrategia jurídica a través de su letrada griega Rodanthi Tzortzaki.

"Los demandantes solicitan el reconocimiento de la obligación solidaria del Estado, la región y los municipios para indemnizar por los daños derivados de irregularidades en la prevención, preparación y respuesta ante el incendio de 2018", señala la sentencia.

"No se adoptaron las medidas de prevención necesarias, se actuó tarde y de forma desorganizada"

Los jueces rechazaron el argumento de "fuerza mayor" alegado por las administraciones griegas, y subrayaron que la tragedia no fue inevitable, sino consecuencia de una grave inacción y falta de coordinación entre los diferentes niveles del poder público. "No se adoptaron las medidas de prevención necesarias, se actuó tarde y de forma desorganizada", concluye el tribunal en el fallo.

Marco europeo

Los familiares del fallecido alegaron la violación del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la vida, además del artículo 5.2 de la Constitución helena y diversas leyes griegas sobre protección civil. El tribunal recogió esa línea argumental y recordó que las autoridades "tenían la obligación legal de actuar de forma coordinada" conforme a la normativa nacional y europea de protección civil.

La sentencia fija las siguientes indemnizaciones: 272.574,92 euros para la esposa del fallecido por daño psicológico, moral y destrucción de vivienda; cantidades similares para otras tres familiares directas, y 150.000 euros para un quinto miembro de la familia. En total, 559.608,72 euros, más intereses legales, con condena solidaria al Estado, la región de Ática y el Ayuntamiento de Maratón.

El despacho señala que el caso "podría ser aplicable a desastres similares en España, como la DANA en Valencia o el volcán de La Palma", al tratarse del mismo marco legal europeo. La abogada argumentó la reclamación civil en una combinación de derecho constitucional griego, normativa europea sobre protección civil y jurisprudencia del TEDH.

"Hay normas europeas que obligan a la coordinación administrativa de emergencias, y esta sentencia las aplica"

A su juicio, la clave es que "hay normas europeas que obligan a la coordinación administrativa de emergencias, y esta sentencia las aplica". La sentencia recoge esa estructura jurídica con un análisis exhaustivo del marco normativo que regula las competencias de bomberos, municipios y autoridades regionales en situaciones de riesgo extremo.

Desde el punto de vista procedimental, la demanda fue presentada el 14 de julio de 2023 y juzgada en audiencia pública el 11 de octubre de 2024. La sentencia fue dictada y notificada en junio de 2025. "El Estado ya ha dicho que va a pagar y no va a recurrir", afirma Tzortzaki, lo que confirma la firmeza del fallo.

Se trata de un hito judicial no sólo por la responsabilidad objetiva atribuida al Estado en una tragedia de origen natural, sino también por el uso del derecho europeo para responsabilizar a las administraciones por su inacción. En palabras del tribunal, "la protección de la vida humana no admite inacción. La falta de medidas adecuadas convierte una catástrofe natural en una tragedia evitable".