"Había un plan previamente concebido" y un "fin ilegítimo": la juez censura el aforamiento de Gallardo en el caso del hermanísimo

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso del hermanísimo por prevaricación y tráfico de influencias -como otros diez investigados, incluido David Sánchez-Pérez Castejón- utilizó las instituciones públicas para intentar burlar la ley para beneficio propio o de personas allegadas. Es lo que considera la juez de instrucción Beatriz Biedma, que investiga la supuesta contratación ilegal del hermano del presidente del Gobierno como alto cargo en la Diputación de Badajoz.

En otro contundente escrito de más de cien páginas atribuye al ex presidente de la institución provincial una «maniobra» en «fraude de ley» a la hora de diseñar su «aforamiento exprés» (término que utiliza la propia magistrada) en 28 minutos con el único fin de que esta jueza no continúe con el caso y éste se traslade de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

«Había un plan previamente concebido y organizado», se muestra convencida Biedma, que lo considera demostrado al recordar que en un plazo de menos dos días dimitió una consejera socialista (20 de mayo) y los cuatro candidatos a ocupar el escaño que antecedían a Gallardo en la lista que presentó el PSOE de Extremadura a las pasadas elecciones autonómicas renunciasen a la vez ante notario a la posibilidad de ser diputados.

Fue entonces cuando la Junta Electoral envió un escrito a la Asamblea de Extremadura (21 de mayo) donde expidió la credencial a favor del líder socialista extremeño y horas después (el día 22) el abogado de Gallardo presentó una instancia en el Juzgado nº3 de Badajoz que investiga el caso pidiendo el traslado de las actuaciones al TSJEx al considerar que su cliente ya tenía la condición de aforado sin tan siquiera prometer el cargo en el siguiente Pleno autonómico.

Para ello, incide en que «no se trata de que Miguel Ángel Gallardo haya concurrido a unas elecciones y haya resultado elegido, sino que, habiendo tenido lugar las elecciones a la Asamblea en mayo de 2023 -un año antes de la iniciación de la presente causa y casi dos años antes del dictado del auto de procedimiento abreviado, que es el que determina la existencia de indicios racionales de criminalidad contra los investigados-, es ahora, cuando ya se ha dado por concluida la instrucción, cuando decide adquirir la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura, y no por causa de la dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista de candidatos, sino de varias, cinco en total, todas ellas de forma exprés y conjunta, y parece ser que con la finalidad única de que Miguel Ángel Gallardo pasara a ostentar la condición de diputado y, por consiguiente, aforado».

Debido a esta correlación de acontecimientos, la jueza subraya que «lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada», matiza la juez, quien envió ayer toda la documentación (la del aforamiento y la de la investigación) al TSJEx para que la Sala de lo Civil y lo Penal de este organismo dictamine si Gallardo ha quebrado la legalidad. De ser así, Biedma en su escrito, a su vez, deja entrever que sólo él podría ser juzgado por este órgano superior y no el resto de investigados, incluido el hermano del presidente del Gobierno.

En el escrito, la magistrada establece que este «aforamiento repentino» no sería sino «otra muestra más del patrón del comportamiento del investigado en el presente procedimiento: conseguir un fin ilegítimo mediante el uso de mecanismos formalmente legales, utilizando las instituciones públicas en beneficio propio o de allegados».

En este sentido, le acusa de generar dilaciones y retrasos en esta causa «tras el peregrinaje de la misma a órganos superiores para decidir» qué órgano judicial debe juzgar los hechos que ella les imputa.

Para considerar que Gallardo se quiere aprovechar judicialmente de su nuevo cargo de diputado, Biedma recuerda que «la observación de que sólo en España y en otros dos países europeos se prevé un aforamiento parlamentario tan amplio supone una absoluta excepción en el ámbito del Derecho Comparado» e insiste en que el propio Consejo de Europa ha recomendado a España en diversas ocasiones que elimine los aforamientos relativos «a políticos sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción». Y añade: «Actualmente, Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón han eliminado ya de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados».

La reacción de Gallardo al conocer el escrito de la magistrada fue de nuevo atacarla. Así, asegura estar «sorprendido» y «enfadado», dice sentirse «pisoteado» en sus derechos y defiende que «la ley nunca puede ser fraude de ley» y que «inmiscuirse en las decisiones de un partido político» es «grave» y una «extralimitación» por parte de la jueza.

En esta misma línea, el europarlamentario socialista extremeño, Ignacio Sánchez Amor, que ya tachó el pasado 23 de mayo de «puro lawfare» la decisión de Biedma de sentar en el banquillo a los acusados de este caso, acusó ayer a la jueza de «activismo político». Y recalcó: «Ya es hora de decirlo».