La OPA de BBVA por Banco Sabadell ha entrado en su tramo decisivo y se nota. Las espadas están en alto y la intervención del Gobierno ha elevado la operación a un nivel que va más allá de lo corporativo. A Bruselas no le gusta el análisis de la operación en el que se ha embarcado el Ejecutivo y le ha lanzado un serio aviso sobre el proceso, aunque a Moncloa no parece inquietarle. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quitó hierro ayer al mensaje de la Comisión Europea y le respondió que su papel está siendo "escrupuloso y garantista", al tiempo que respeta la normativa europea. Con ello, Cuerpo espera que "no haya ningún tipo de conflicto" con las autoridades regionales, aunque las presiones crecen por momentos y desde todos los frentes.

El aviso de Bruselas ha sido contundente. Tal vez porque las autoridades regionales llevan pidiendo explicaciones a Moncloa desde casi el momento en el que BBVA lanzó su oferta pública de adquisición por Sabadell. En ese momento, la Comisión activó el procedimiento llamado EU Pilot para solicitar más información a España sobre la situación de la adquisición. Se trata de un procedimiento que entra en vigor cuando la CE considera necesario mantener un diálogo informal con los Estados sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento del Derecho de la UE.

El Gobierno respondió al primer requerimiento el 11 de octubre de 2024 y su respuesta está siendo evaluada por los técnicos de la Comisión. Mientras tanto, en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado su aprobación a la OPA estableciendo una serie de compromisos que el Gobierno considera que no son suficientes para garantizar el interés general, de ahí que el Ministerio de Economía decidiese el martes elevar el análisis de la oferta al Consejo de Ministros, y es aquí donde Bruselas no está de acuerdo. Fundamentalmente, porque considera que las operaciones de consolidación bancaria se evalúan desde una perspectiva prudencial, por parte del BCE, y desde una perspectiva de competencia, por parte, en este caso, de la CNMC, y ambos organismos han dado su visto bueno a la propuesta de BBVA.

"Si se dan luz verde en ambos frentes, en el Mercado Único y, más aún, en la Unión Bancaria, no habrá fundamento para detener una operación basándose en una decisión discrecional del gobierno de un Estado miembro", ha espetado el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión, Olof Gill, ante la afrenta del Ejecutivo de Sánchez.

Desde Moncloa han dado el acuse de recibo a las advertencias, pero sus intenciones se mantienen intactas y se dan de plazo hasta finales de junio, cuando expiran los 30 días naturales que tienen para analizar la OPA, para dar una respuesta sobre si endurece las condiciones de la operación por "razones de interés general" o no. "Estamos siendo muy respetuosos con nuestro marco doméstico, siguiendo los procedimientos, respetando los plazos, por lo tanto, no debería haber ningún tipo de conflicto porque además, nuestra normativa doméstica está perfectamente alineada con los objetivos y la normativa europea", dijo ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en la Cadena Ser.

Poco después, los aliados políticos del Gobierno, sindicatos, y empresarios salieron ayer a la escena pública a remarcar sus posiciones, cada vez más afiladas. El mensaje más contundente vino de lado de la patronal CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, urgió al Gobierno a que "decida ya" sobre la OPA hostil. "No se puede estar meses y meses con un tema que es importante, tanto para una entidad como para otra y para los accionistas", dijo el líder de los empresarios, alegando que los datos ya están encima de la mesa. "Estas cosas se deben de resolver pronto [...] El Gobierno tiene en vilo desde hace más de un año" a todos. "Los accionistas en la vida también pintamos algo", criticó.

Del otro lado, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, expresó sus dudas de que Bruselas haya estudiado a fondo la OPA para decir que no afecta al interés general. "Los tratados reconocen el tema del interés general como uno de los factores [a tener en cuenta] y lo único que dicen [Bruselas] es que ellos no ven que en este caso concreto haya ningún tema de interés general", explicó. "Yo no sé si han estudiado suficientemente la cosa como para llegar a esa conclusión y si su portavoz tiene autoridad para decir eso sin más fundamentación", aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la OPA debe ser impedida si no cumple con el interés general. "Esta operación, de enorme relevancia económica, debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo", pidió ayer en un comunicado. Díaz exige que las "condiciones imprescindibles" que deberían establecerse pasan por la garantía total del empleo, no cerrar oficinas y proteger el crédito a empresas y autónomos, así como las condiciones financieras junto al riesgo sistémico resultante de la concentración bancaria.

En otra línea pero igualmente críticos con la OPA y con Bruselas se mostraron los sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, fue el más rotundo al acusar a la UE de ser portavoz de operadores económicos con intereses. "No es la primera ni la segunda vez que se pone en boca de Bruselas cosas que, en realidad, responden más bien a la opinión de operadores económicos que están bastante más cerquita de todo esto", dijo en una rueda de prensa en Barcelona recogida por Efe.

Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, también desde Barcelona, tampoco considera el pronunciamiento de Bruselas como una manifestación oficial de la UE en torno a la OPA y lo atribuyó a intentos de presionar al Gobierno.