Los que informamos, opinamos, analizamos y tenemos como obligación laboral estar pegados a los debates que se libran en la esfera pública hemos dedicado ríos de tinta y cientos de minutos de radio y televisión a debatir sobre la degradación de la política. Del deterioro del periodismo, mucho menos porque lo de mirar la viga en el ojo propio apenas se estila. No se trata de fustigarnos, pero sí de preguntarnos cómo y por qué hemos llegado hasta aquí, a este envilecimiento en el que hasta quienes un día fueron buenos profesionales y tenían claros los límites éticos de una profesión imprescindible para vertebrar la democracia y garantizar el derecho a una información veraz se han echado hoy en brazos de lo grosero y lo indefendible.

No es libertad de expresión irrumpir en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados con formas chabacanas y maleducadas, ni quebrar las normas de la más elemental educación y la cohabitación parlamentaria. Tampoco señalar a los profesionales de la información en las redes sociales, ni perseguir a los periodistas por la calle, ni difamar a sus familias, ni publicar teléfonos o direcciones particulares, ni interpelar de manera procaz a los políticos.