Investigada por espionaje en una tercera causa la exdirectora del CNI 

Caso Pegasus

La Audiencia de Barcelona cita a Paz Esteban para “clarificar” la “incertidumbre” sobre si el presunto espionaje al exeurodiputado de ERC Jordi Solé

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en el año 2020 

Eduardo Parra / Europa Press

La Audiencia de Barcelona ha ordenado citar como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban para “clarificar” la “incertidumbre” sobre si el presunto espionaje al exeurodiputado de ERC Jordi Solé se puede achacar a los servicios secretos y si tenía cobertura judicial, en su tercera imputación por Pegasus.

Así lo ha acordado la sección séptima de la Audiencia de Barcelona en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que admite el recurso de Jordi Solé, que fue diputado de ERC en el Parlamento europeo entre 2017 y 2024, y ordena a la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona que cite como investigada a Paz Esteban.

Esteban fue cesada como directora del CNI a raíz del supuesto espionaje masivo al independentismo

Esteban, que fue cesada como directora del CNI a raíz del supuesto espionaje masivo al independentismo, permanece investigada en otras dos causas abiertas por distintos juzgados de Barcelona por los ataques con Pegasus a los teléfonos del expresidente catalán Pere Aragonès, por un lado, y a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, por otro.

En el caso del Solé, la Audiencia apunta que existen “datos fiables” de que el móvil del exeurodiputado de ERC fue infectado mediante un SMS malicioso “en el mismo periodo de tiempo y a través de la misma infraestructura informática” que se ha identificado pericialmente como vinculada a las actividades desarrolladas por el CNI entre mayo de 2019 y marzo de 2020 “con autorización judicial formal”.

Jordi Solé,en una imagen de archivo 

Propias

En este sentido, recuerda que Esteban era la directora del CNI cuando se produjo el supuesto espionaje a Solé y que su comparecencia como investigada no puede admitir “demora” ante los indicios que deben ser “objeto de clarificación”.

“Es cierto que la incertidumbre mayor que pesa sobre el procedimiento es la de si el espionaje fue o no objeto de autorización judicial que le diera cobertura”, en el caso de que se pudiese achacar al CNI, “extremo que también deberá ser objeto de comprobación”, apunta el tribunal.

La Audiencia remarca que estas cuestiones han sido objeto de “pregunta expresa” en el suplicatorio que envió la juez en abril pasado para reclamar la información clasificada relevante para la causa y sostiene que no le consta que “hasta el momento” el trámite haya sido cumplimentado “y tal duda despejada”.

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No obstante, el Gobierno remitió en octubre del pasado año un oficio a la titular del juzgado de instrucción 24, una vez desclasificada la información reservada de los servicios secretos, en el que comunicaba que el CNI no espió mediante Pegasus a Solé.

La Audiencia insiste en que ante “tal incertidumbre”, sobre si había aval judicial y el papel del CNI, la propia Paz Esteban podrá “en su caso y si así lo estima pertinente” aportar datos cuando comparezca como investigada.

Los vínculos con el caso de Aragonès

La titular del juzgado de instrucción número 24 desestimó en marzo del pasado año la petición del abogado de Solé, Andreu Van den Eynde -que también figura en esta causa como víctima del supuesto espionaje-, y rechazó citar como investigada a Paz Esteban, argumentando que tenía que esperar al resultado del suplicatorio para decidir si la citaba como investigada o como testigo.

La Audiencia subraya por el contrario que, al existir indicios derivados de la pericial informática y de los informes que constan en la causa por el espionaje a Aragonès, sobre la “posible” implicación del CNI, y siendo Paz Esteban su “máxima responsable” en el periodo o en que tuvieron lugar los hechos investigados, “no parece que deba retrasarse su declaración con las garantías procesales correspondientes para facilitar su defensa”.

Paralelamente, la Audiencia también ha ordenado al juez que solicite al juzgado de instrucción número 29 -el que investiga el supuesto espionaje a Aragonès-, para que le remita, si le consta, un acuerdo del Consejo de Ministros de enero de 2024 que desclasificó información relativa a la interceptación de las comunicaciones al expresidente catalán y tres resoluciones del magistrado de control previo del CNI autorizando el acceso remoto.

Según la sala, “no puede descartarse la relevancia de una eventual coincidencia tanto temporal, como la del mecanismo de infección por el software malicioso (a través de un sms) y la del dominio utilizado para introducir ese programa en los dispositivos pretendidamente espiados, tratándose además de personas con vínculos políticos identificables con el movimiento independentista en ambos supuestos”.

De hecho, para la sala, el funcionamiento del programa Pegasus y los métodos utilizados por el CNI en supuestos en que existió autorización judicial “pueden ser también indicios relevantes” para examinar las “diferencias y similitudes” en el caso de Solé.

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Todo ello, advierte la Audiencia, en caso de que se constatase a través del suplicatorio remitido en abril pasado -y del que no le consta la respuesta que recibió la juez- que no existió autorización judicial que cubriera el uso de Pegasus o que la misma no daba cobertura legal al periodo temporal en que se infectó el teléfono de Solé.

En su comparecencia como investigada el 26 de enero del pasado año, Esteban evitó aclarar el espionaje con Pegasus a Aragonès y alegó que afectaba a información protegida por secretos oficiales.

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Junts se inclina por no respaldar la reducción de la jornada laboral aunque hay negociaciones

El escenario político

El secretario general de la formación, Jordi Turull, considera que tiene más “perjuicios que beneficios” para las empresas catalanas y pide salarios más altos en Catalunya por el coste de la vida

Jordi Turull junto al presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés

Cedida / Junts

Junts siempre ha defendido en lo relativo a la medida que propugna el Gobierno central para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, ya validada por el Consejo de Ministros, que tiene en cuenta el panorama empresarial de Catalunya, en el que hay más pequeñas y medianas empresas (pymes) y microempresas que grandes corporaciones. La formación sostiene que esa medida, por tanto, tiene más afectación para el ecosistema empresarial catalán que para otras realidades existentes en otras partes de España.

El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha sido un poco más claro este viernes cuando se le ha preguntado por este asunto y ha desvelado que JxCat está “más cerca del no” a la reducción de la jornada laboral promovida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que de aprobar la iniciativa; si bien ha reconocido que hay en curso “negociaciones” con Sumar. “Veremos si estas negociaciones dan frutos”, ha afirmado Turull, que por ahora ve más “riesgos” para las empresas catalanas que beneficios en la medida estrella de la ministra de Trabajo en esta legislatura.

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“Estamos mucho más cerca del no que de validar esta propuesta”, ha avisado Turull tras mantener una reunión de trabajo con representantes de la patronal Cecot, encabezada por Xavier Panés, en Terrassa (Vallès Occidental). Hay que tener en cuenta que la medida no está en vigor y que en la Moncloa necesitan el apoyo de Junts para su aprobación definitiva. Tanto es así que Carles Puigdemont ha recibido en estas últimas semanas la visita de representantes sindicales, como Pepe Álvarez, líder de UGT, y de empresarios y patronales y representantes de los gremios.

Así las cosas, Turull ha señalado que esta iniciativa, tal y como está formulada, “genera muchos más perjuicios que beneficios”. Por ello, como alternativa, aboga por otra fórmula. “Sueldos más dignos, no trabajar menos”, ha resumido el dirigente de JxCat, en consonancia con lo que había apuntado al respecto en ocasiones anteriores. En este sentido la formación posconvergente ha reivindicado hoy de nuevo, como hace de manera recurrente, un salario mínimo catalán de referencia que tenga en cuenta el coste de la vida en Catalunya, superior a la media española.

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Sobre el hecho de que la reducción de la jornada laboral emane del Boletín Oficial del Estado (BOE), Junts también tiene reservas. Para Turull, se trata de “un tiro al pie de la negociación colectiva” porque se impone “de manera unilateral” la posición sindical. Además, advierte que con un cambio de gobierno y de las mayorías parlamentarias se puede modificar en cualquier momento. Es por esto por lo que la formación apunta que para cambios de este calado es mejor la negociación colectiva.

En esa misma línea, el vicepresidente de JxCat, Antoni Castellà, dijo en una entrevista reciente con este diario que “cualquier medida de ese tipo debe ser negociada”. “Creemos mucho en la negociación colectiva y en el diálogo de los agentes sociales. No creemos mucho en las fórmulas a golpe de BOE y decreto”, añadió el dirigente. “No es lo mismo aplicar la reducción de horas en una empresa grande con poco absentismo que en una pyme o una microempresa. Y Catalunya es país de pymes”, concluía.

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Esta reunión llega tras la que hace unos días JxCat mantuvo con Repsol y en un contexto en el que en el partido de Carles Puigdemont ha recuperado los lazos con el mundo económico y empresarial. 

A la cita, además de Turull, han asistido la secretaria de organización de la formación, Judith Toronjo, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, el portavoz del Senado, Eduard Pujol, así como varios diputados del Parlament de Catalunya y de la Cámara Baja, como Salvador Vergés, Joan Canadell, el propio Castellà, Josep Maria Cruset, Pilar Calvo, Josep Maria Cervera y Josep Pagès. También la concejal local Mertixell Lluís. 

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La Audiencia de Barcelona ratifica la amnistía a los 46 policías investigados por las cargas del 1-O

La cuestión catalana

El tribunal rechaza los recursos que presentaron Òmnium, la ANC, Irídia y dieciséis heridos

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad frente al colegio Ramón Llull de Barcelona. 

Alberto Estévez / EFE

La Audiencia de Barcelona ha ratificado la amnistía para los 46 policías que habían sido investigados por las cargas del 1 de octubre, según ha avanzado El Nacional' y ha confirmado La Vanguardia. La resolución dictada por la sección tercera ha ratificado la decisión que ya adoptó en su día el juez de instrucción número 7 de Barcelona que determinó que los agentes debían beneficiarse de la ley del olvido penal y ha desestimado los recursos que presentaron la ANC, Òmnium, Irídia y dieciséis de los votantes heridos por la actuación policial. El tribunal sostiene que “las lesiones a los ciudadanos no fueron graves y que la finalidad no era castigar o humillar a los ciudadanos sino impedir, o intentar impedir, la celebración de la consulta, a pesar de que la fuerza utilizada fuese excesiva o desproporcionada en los casos investigados”. Remarca, además, que las acciones de los policías “no superan el umbral de gravedad”, límite que impone la ley de amnistía para excluirlo.  “No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la Ley. Hacerlo contradeciría precisamente la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española durante aquel periodo”, apunta la Audiencia.

"No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos”, sostiene el tribunal

Òmnium Cultural, la ANC, Irídida y dieciséis personas afectadas presentaron un recurso en contra de la resolución al considerar que “ no podían beneficiarse de la amnistía los responsables de la violencia policial” al tiempo que apreciaban que “los actos investigados quedaban excluidos de la amnistía porque podían representar delitos de torturas y tratos inhumanos o degradantes que superan el umbral de gravedad de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, son actos excluidos del artículo 2 de la ley de amnistía”. 

El sindicato JUPOL de la Policía Nacional aplaude la decisión y ve reafirmada su posición de que la actuación de los agentes estuvo marcada por la “legalidad y la proporcionalidad” en cumplimiento de su deber. reiteramos nuestro apoyo a todos los agentes que participaron en los operativos de aquel día, quienes actuaron con profesionalidad en circunstancias de extrema dificultad, enfrentándose a un entorno hostil mientras cumplían con su obligación de hacer cumplir la legalidad. Consideramos que esta decisión judicial supone un reconocimiento a su labor y a la injusticia de las acusaciones vertidas contra ellos durante los últimos años".

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