Canarias cuenta ya con 27.500 solicitantes de vivienda protegida

El reducido número de promociones públicas construidas en Canarias en los últimos años ha limitado las posibilidades de las personas y las familias inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida en las Islas, una lista en constante crecimiento. Los datos hablan por sí solos: la cifra de solicitantes de una casa de protección oficial ha aumentado en cinco años en 10.500 personas.

Desde 2019 – con 17.000 demandantes– se han ido apuntando en torno a 2.100 solicitantes anualmente. En la actualidad, 27.500 personas esperan por una vivienda pública o un alquiler asequible, más que toda la población de Gáldar, de Güímar o de las islas de La Gomera y El Hierro. 

Por tanto, la demanda actual no está siendo absorbida por las viviendas protegidas, cuya construcción ha ido a cuentagotas. La crisis inmobiliaria de 2008 hizo mella en el sector de la construcción en las Islas y paralizó prácticamente las obra pública durante más de una década. En los últimos años ha habido, incluso, ejercicios de cero edificaciones, como en 2018, 2020 y 2021, según datos empresariales.

Además, los alquileres en el mercado se han puesto por la nubes y los salarios no suben al mismo ritmo, por no hablar del desempleo.

Requisitos para el registro

La inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias es obligatoria para todas las personas o unidades familiares que deseen ser adquirentes o adjudicatarios de una vivienda protegida de promoción pública o privada, ya sea en régimen de venta o de alquiler

La renovación de las solicitudes tiene el mismo funcionamiento que la del paro, pero en este caso se hace cada tres años, donde se ha de confirmar si la situación sigue igual, peor o mejor. Por tanto, las listas son cambiantes. 

Para ser demandante y acceder a casas más asequibles o convertirse en segundos adjudicatarios de las que ya están en el parque público se deben cumplir como requisitos que la persona o la unidad familiar tenga una renta hasta 1,5 veces el Iprem (600 euros mensuales) para viviendas en régimen de alquiler, y hasta 2,5 veces el Iprem para viviendas en venta, así como que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea beneficiario de una vivienda protegida, o propietario o arrendatario de una vivienda libre.

También se exige haber residido ininterrumpidamente en Canarias con, al menos, siete años de antelación a la fecha de la solicitud de inscripción, además de que el titular de la unidad familiar resida o trabaje ininterrumpidamente en el municipio donde solicita la inscripción.

La adjudicación no será por sorteo

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, está culminando un nuevo decreto de adjudicación de viviendas protegidas bajo la titularidad del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). En esta norma se pretende modificar el modelo de asignación de las viviendas públicas, que actualmente se lleva a cabo mediante un sorteo, realizado ante notario.

Para el Ejecutivo, no es la modalidad más justa para adjudicar viviendas públicas, puesto que no toma en cuenta las necesidades específicas, urgentes o los factores socioeconómicos de los solicitantes.

En cuanto a las segundas adjudicaciones de las viviendas que se quedan vacantes, y que son las que más rotación tienen en la lista de solicitantes, se están adjudicando de manera directa para atender las necesidades de unidades familiares en situación extrema y cuyos ingresos familiares ponderados son inferiores a 0,5 veces el Iprem, o para personas en situación de violencia de género. 

Medidas urgentes

Ante la realidad de la emergencia habitacional que padece Canarias, el Ejecutivo canario aprobó un decreto de medidas urgentes en febrero de 2024, que se va a ampliar en el primer trimestre de 2025, con el fin de agilizar el suelo, la burocracia y construir viviendas públicas para el alquiler a precios asequibles, entre otras actuaciones. Según Pablo Rodríguez, en 2o24 se ha iniciado la construcción de un millar de pisos de promoción pública y en 2025 hay proyectos para edificar otros 1.000.

Solicitantes por islas

De los 27.509 solicitantes, el mayor número se encuentra en la isla de Tenerife, con 14.782 demandantes, el doble que en 2019 que contaba con 6.908 peticionarios. Gran Canaria es la segunda isla con más demanda, con 9.230 solicitudes, 1.594 más que hace cinco años. Lanzarote ocupa el tercer lugar en aumento en inscritos, con 1.944 personas (880 más que en 2019), seguida de Fuerteventura, con 912 demandantes (385 más), y La Palma, con 534, casi el doble que hace cinco años. En La Gomera hay 86 inscritos y en El Hierro 21.

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