Alejandro Katibi, abogado de Cáceres: "Me hubiera gustado pelear la máxima pena para el asesino de Imane"

Alejandro Javier Katibi Fernández nació en Madrid aunque subraya que se considera catovi. En Cáceres, a donde su familia se trasladó cuando era pequeño, ha logrado fundar su propio bufete, Katibi Abogados, además de contar con otro despacho en la capital. De padre sirio y madre española, entre sus especialidades sobresale el derecho de extranjería y nacionalidad, habiéndose convertido en un experto en la regularización de la situación de los extranjeros que quieren venir y trabajar en España

Pregunta: Durante un tiempo, llevó la defensa de los padres de Imane Saadaoui, la joven asesinada a manos de su marido en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara a finales de 2022, un asunto muy mediático. ¿Por qué no siguió con el caso?

Respuesta: Me encargué del asunto inicialmente, pero luego la familia decidió acudir a otra abogada, que me pidió la venia para encargarse de las actuaciones y tres días después leí que iba a hacer todo lo posible para repatriar el cadáver. Evidentemente, yo también lo hubiera hecho, el problema es que no se podía agilizar nada porque procesalmente el juez instructor estaba haciendo lo correcto.

P: ¿Por qué se demoró un año y medio el traslado del cuerpo a Marruecos, su país de origen?

R: A efectos procesales, la prueba del crimen en un asesinato o en un homicidio es el cadáver, por lo que la defensa tiene el derecho de realizar todas las pruebas que estime pertinentes hasta el dictado del auto de apertura del juicio oral. Por lo tanto, el cadáver no podía salir de España. Los tiempos de la justicia son los que son y cuando llega tarde es injusta pero es la que tenemos. Entonces no puedes vulnerar el derecho a la legítima defensa, y yo iba con la acusación, pero procesalmente creo que el Juzgado de Instrucción lo hizo bien. Eso sí, como persona duele muchísimo.

P: Finalmente, en octubre de 2024 pactó una condena de doce años y medio de prisión. ¿Terminó haciéndose justicia?

R: El concepto de justicia es difuso. Para muchas personas la justicia era que este hombre estuviera internado o condenado por asesinato con una pena privativa de libertad de 20 años. Pero esto depende de la familia. ¿Esos padres podían soportar más tiempo ese dolor del procedimiento abierto o les daba igual porque no iban a recuperar a su hija y ya estaban en Marruecos con su nieto? Desde luego, a mí me hubiera gustado pelear la pena máxima porque fue un caso extremadamente cruel. Fue uno de los grandes casos mediáticos en Extremadura y creo que la sociedad se portó muy bien y que el reproche penal tuvo que ser mayor.

P: Pese a la negativa de la familia, los servicios sociales se hicieron cargo del bebé de Imane, que llegó a pasar ocho meses en un centro de menores hasta que fue devuelto a sus abuelos, que sufrieron numerosas trabas burocráticas hasta lograrlo. ¿Es habitual que estos procesos se demoren tanto?

R: Hay que saber que primero está el interés superior del menor y que los servicios sociales tienen que proteger a estos menores. Los procedimientos de adopción, guarda y acogimiento son largos. Probablemente pudo tardarse menos, pero los servicios sociales hicieron lo que debían.

P: Ante este tipo de situaciones, ¿cómo podrían agilizarse los trámites judiciales?

R: Es evidente, reforzar los juzgados. Los de Cáceres funcionan genial, pero luego vas a otras ciudades y es una locura. Los medios personales son insuficientes y un juzgado no se puede encargar de enjuiciar 2.000 o 3.000 asuntos, es muy duro. Tengo amigos y compañeros de la oficina judicial que tienen que ir a hacer horas porque no les da tiempo. Creo que la Administración tiene un problema de falta de personal y las soluciones las tienen que dar los gobiernos, no nosotros, que trabajamos como podemos con las herramientas que hay.

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