Las causas judiciales que aparentan una motivación más política que penal terminan por archivarse con cierto daño irreparable. Luego hay otras causas que son lo que parecen y se sabe dónde empiezan pero no dónde acaban. Esta semana, el carrusel judicial del Gobierno ha servido también para diferenciar la amplia toponimia, una casuística que no debería ser tal. Ni todos los jueces instruyen igual, ni todas las causas son iguales. El mejor ejemplo es el caso Koldo, una (presunta) corrupción pura y dura; tras la tercera declaración de Begoña Gómez todavía sigue concretarse dónde están los indicios ni hacia dónde dirige Juan Carlos Peinado la instrucción; y luego está la orden al juez de Barcelona Joaquín Aguirre para que archive “sin excusas” la causa contra Carles Puigdemont a riesgo de cometer “un fraude de ley”.