Después del triunfo en las urnas, llegaron las victorias judiciales. El fiscal especial Jack Smith ha retirado las dos acusaciones federales que lideró contra Donald Trump: por el intento de anular el resultado de las elecciones del 2020, que culminó con la insurrección del asalto al Capitolio, y por llevarse y retener documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar la Casa Blanca.
Smith, a quien Trump amenazó directamente con despedirlo cuando regrese al poder por lo que considera una “caza de brujas”, ha llegado a la conclusión de que ninguno de los dos procesos, pese a la gravedad de los hechos, prosperará ahora que el republicano es el presidente electo. Este movimiento, que él mismo señaló hace unos días, era ampliamente esperado, pues la doctrina del departamento de Justicia prohíbe procesar a un presidente en ejercicio, como ha reconocido en su escrito.
Lee también
En el caso por el asalto al Capitolio, el fiscal ha pedido a la magistrada Tanya S. Chutkan, del Distrito de Columbia, que desestime los cargos federales sin perjuicio, con lo que quiere dejar la puerta abierta a que se vuelvan a presentar cargos contra Trump cuando abandone la Casa Blanca tras su segundo mandato.
La prohibición del departamento de Justicia de procesar a un presidente "es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente”, ha afirmado Smith en su escrito a la juez. “Basándose en la interpretación de la Constitución que hace el departamento, el Gobierno solicita la desestimación sin perjuicio de la acusación”.
Minutos después, Smith ha presentado otra moción ante un tribunal de apelaciones de EE.UU. pidiendo que se excluya a Trump como coacusado de la apelación por el caso de los documentos clasificados en Florida. La juez Aileen Cannon desestimó esa acusación en verano, alegando que Smith había sido nombrado ilegalmente como fiscal especial. Pero el caso seguía en pie por la apelación de Smith.
El fiscal pone fin a las dos acusaciones federales, que no llegaron a juicio tras múltiples retrasos
El fiscal especial, que fue designado por el fiscal general Merrick Garland para asegurar independencia respecto al departamento de Justicia, pone fin así a dos largas investigaciones que jamás llegaron a juicio. Su inicio se retrasó por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial y por las repercusiones políticas de que un candidato presidencial se sentara en el banquillo de los acusados.
En el caso del asalto al Capitolio, Trump fue imputado el año pasado por cuatro delitos penales: conspiración para defraudar al Gobierno, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
En agosto, Smith modificó su imputación para adecuarla al fallo del Supremo, que un mes antes había reconocido inmunidad a un presidente por los delitos cometidos en “actos oficiales” durante su mandato. Los hechos ocurrieron entre las elecciones del 3 de noviembre del 2020 y la insurrección del 6 de enero del 2021, por lo que tuvieron lugar cuando Trump todavía estaba en ejercicio de sus funciones.
Trump estaba imputado por cuatro delitos penales en Washington y otros 37 en Florida
En el caso de Florida, se enfrentaba a una acusación de 37 delitos por la retención no autorizada de archivos confidenciales, entre los que se incluía información sensible para la seguridad nacional sobre amenazas nucleares. Cuando las autoridades le pidieron que devolviera los documentos, él se negó, lo que llevó al FBI a registrar su mansión de Mar-a-Lago (en Palm Beach, Florida), donde se encontró miles de documentos gubernamentales, un centenar de ellos clasificados, escondidos en distintas salas de la residencia.
La decisión llega después de que la semana pasada el juez Juan Merchan de Manhattan aplazara sin nueva fecha la sentencia por el caso Stormy Daniels en el estado de Nueva York. En ese caso, ya fue condenado en mayo por 34 delitos relacionados con la falsificación documental en la que incurrió en los pagos a la actriz porno Stormy Daniels para acallar un escándalo sexual en plena campaña del 2016.
Es previsible que el otro caso estatal, el de Georgia, por intentar amañar los comicios del 2020 en ese estado clave, cuyo juicio todavía no ha comenzado, llegue a una conclusión similar, pese a que las pruebas son fehacientes. Entre ellas, la filtración de una llamada que hizo al secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, a quien presionó para “encontrar 11.780 votos", exactamente los que necesitaba para ganar en ese estado clave.
Trump ha celebrado que su camino judicial queda ahora casi del todo despejado a través de un comunicado de su director de comunicaciones, Steven Cheung: “El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump con un abrumador mandato para Hacer a América Grande de Nuevo. La decisión de hoy del departamento de Justicia termina los casos federales inconstitucionales contra el presidente Trump, y es una victoria rotunda para el Estado de derecho. El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieen un fin inmediato a la instrumentalización política de nuestro sistema de justicia”.
El republicano prometió venganza durante la campaña contra el fiscal especial Smith y contra todos aquellos que hayan tenido alguna implicación en sus casos judiciales. Concretamente, prometió ser "dictador por un día" para, precisamente, instrumentalizar el departamento de Justicia contra sus adversarios políticos, a quienes considera el “enemigo interior, más peligroso que Rusia o China”.
La persona encargada de librar esa batalla será –si es confirmada por el Senado– su futura fiscal general, Pam Bondi, que sustituyó a Matt Gaetz después de que el excongresista renunciara a su nombramiento tras estallar sus escándalos por tráfico sexual, sexo con menores y consumo de drogas.
Lee también
