El Tribunal Constitucional ha modificado su doctrina sobre el estado de alarma aplicado para controlar la pandemia de la Covid. En una primera sentencia, cuando había mayoría conservadora en el Tribunal, se determinó que para limitar derechos había que acordar el estado de excepción y no el de alarma, y por tanto declaró inconstitucional las restricciones de derechos.
El Tribunal modifica ahora su doctrina aprovechando el análisis de una ley gallega. El nuevo argumento es que para catástrofes naturales el estado de alarma es lo ideal porque limita derechos. Sin embargo, con el estado de excepción se pueden llegar a suspender derechos pudiendo llegar a ser inconstitucional.
La nueva sentencia, que estima parcialmente un recurso de Vox, ha tenido la ponencia del magistrado Juan Carlos Campo y ha contado con el voto particular de los cinco magistrados conservadores.
La sentencia sí declara la inconstitucionalidad de la ley gallega porque las restricciones que estableció debieran haberse fijado a través de una ley orgánica.
El Tribunal declara, en consecuencia, la inconstitucionalidad y nulidad del elenco de medidas establecidas por el legislador autonómico, y por conexión o consecuencia, de su concreto régimen sancionador, “no por razón del contenido de dichas medidas, sino por el incumplimiento de uno los requisitos esenciales del sistema constitucional de fuentes, pues una regulación de este tipo debe ser aprobada por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, con la mayoría exigida” por la Constitución.
En la resolución se explica que la posibilidad de suspensión de derechos fundamentales “no depende de la intensidad de las medidas adoptadas sino de la concurrencia de su particular presupuesto de hecho habilitante (la declaración de estado de excepción o estado de sitio), ya que lo que se produce en tal caso es la suspensión transitoria y excepcional de la eficacia del derecho mismo con el régimen jurídico específico establecido” en los artículos que fijan los estados de alarma, excepción y sitio.
