El observar con estupefacción el crecimiento casi desmedido de las potestades punitivas de la Administración, las cuales se ramifican en todos los sectores de la sociedad y de la actividad económica, y que ha venido acompañado de una tendencia a una mayor drasticidad de las sanciones administrativas, en la misma forma en que se abre paso un discurso teórico afín a la admisión pacífica de la “matización” de las garantías históricas del derecho punitivo en el ámbito del derecho administrativo sancionador, ha sido la razón primordial para realizar este trabajo, que pretende plantear la necesidad de llegar a un punto...

1. La potestad sancionadora de la Administración es un instrumento del control social y representa una prerrogativa del poder del Estado. La potestad sancionadora de la Administración constituye una de las principales construcciones teóricas desarrolladas con el propósito de ampliar las posibilidades de ejercicio del control social por fuera del ámbito de influencia del derecho penal, encaminada a la consecución de la convivencia social en un marco de respeto de la normativa jurídica y la prevención de riesgos que atenten contra la seguridad y el bienestar individual y colectivo.

Así mismo, la potestad sancionadora de la Administración representa una prerrogativa pública...

45. En el derecho colombiano se suele creer que existen diferencias sustanciales entre la infracción administrativa y el delito. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia prevé que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y pese a que los siguientes apartados de dicha norma parecen hacer referencia expresa al ámbito exclusivamente penal, lo cierto del caso es que una interpretación sistemática e integral de la disposición lleva a concluir, como en efecto lo ha hecho la Corte Constitucional en numerosas oportunidades²⁰⁰, que su aplicación cobija todos los ámbitos del ejercicio del poder...

142. Los principios orientadores del derecho punitivo del Estado deben ser comunes en los ámbitos sancionadores penal y administrativo. Cumplido el propósito de justificar la potestad sancionadora del Estado en general y de la Administración en particular, y presentadas las diversas concepciones sobre las diferencias o semejanzas entre la infracción administrativa y el delito, corresponde ahora identificar los principios rectores⁴⁶⁸ orientadores de tan extraordinaria facultad, la forma como se han interpretado y aplicado en el derecho colombiano, en especial por la Corte Constitucional, y sobre todo, los eventos en los cuales se ha admitido la “flexibilización” de su rigor en el...

229. Es pertinente hacer una reflexión crítica en el derecho colombiano sobre la forma como se entienden y aplican las garantías del derecho punitivo en el campo del derecho administrativo sancionador. En el capítulo anterior se dio una mirada a la forma como en Colombia se admite la flexibilización de las garantías históricas del derecho punitivo estatal en el campo del derecho administrativo sancionador. En este capítulo, por su parte, se procurará reflexionar sobre las razones aducidas por la judicatura y la doctrina para pretender alejar o matizar la aplicación de algunos de los principios decantados en la disciplina jurídico-penal del...

271. La potestad sancionadora de la Administración es una faceta del ius puniendi estatal, y la determinación de lo que se ha de considerar infracción administrativa le corresponde al Congreso. La potestad sancionadora de la Administración emana del ius puniendi del Estado, de lo que se deriva que tanto el ámbito punitivo penal como el administrativo constituyen facetas del poder punitivo estatal, y por ende, solo al Estado le corresponde determinar lo que habrá de ser objeto de reproche desde el punto de vista sancionador.

Ahora bien, de manera concreta a quien le corresponde la función de determinar qué se debe...