Un tribunal de lo Civil de Buenos Aires ha condenado al psicólogo, cuya identidad no ha sido revelada, al pago de 67.500 euros a su paciente -que ya tiene 73 años- resaltando que la duración de tres décadas de tratamiento no tiene justificación alguna y que la exigencia del pago por adelantado de tres años y medio de consultas -a 200 dólares (157,72 euros) por sesión- constituye un hecho probado de "privación de libertad" del paciente, que tiene el derecho a interrumpir el tratamiento o elegir a otro terapeuta cuando quiera. El adelanto exigido ataba de manera injustificada a quien dispensa el tratamiento.

La sentencia pone el dedo en la llaga de una cuestión que se vive en la sociedad argentina: hasta qué punto los pacientes que acuden a un psicólogo para recibir un tratamiento puntual terminan convirtiendo al profesional en una especie de consejero personal que, en caso de darse una mala praxis por parte del especialista, tiene una gran influencia en su vida e interfiere en sus relaciones con terceros.

En concreto, los tres magistrados que la han redactado señalan que los 28 años de terapia aplicados a la mujer indican claramente la "escasa eficacia o éxito" de los métodos empleados por el psicólogo, al que acusa además de mala praxis y falta ética muy grave.

El texto destaca que la paciente "presenta signos patológicos crónicos derivados de su personalidad" y subraya que, además, tenía una relación de dependencia con el psicólogo, extremo que negó el acusado, aunque el tribunal se ha inclinado por esta tesis tras escuchar las palabras de varios testigos. El pago por anticipado de las sesiones de terapia se realizó entre 1994 y 1995 como "adelanto de honorarios", que el psicólogo registró incluso en un documento escrito a mano.

En Argentina hay más de un psicólogo por cada mil habitantes, de los cuales el 85% son mujeres, según las estadísticas. Y habrá más: unos 60.000 estudiantes cursan la carrera de psicología impartida en 37 universidades y centros especializados.