La inversión en energía renovable ha tomado gran importancia en la actualidad siendo prioritaria para las empresas públicas y privada. Un ejemplo lo tenemos con España quien asume el mayor desafío de su historia al dar luz verde para una inversión de 35 millones de euros que significaran la generación de 46.000 MW.
España y una apuesta arriesgada por las renovables
Nuestro país decidió agilizar y eliminar la burocracia en la permisología para las energías renovables. Para ello ha logrado la tramitación para proyectos grandes y medianos que se llevaran a cabo dentro de los próximos cinco años. Con el fin de dar cumplimiento al compromiso acordado con la Unión Europea.
En el sentido de que para el 2030, un importante porcentaje de la electricidad provenga de fuentes renovables. Estos permisos significarán para España una nueva capacidad instalada de más de 46.000 MW con una inversión de 35.000 millones de euros. Estos datos son dados por Alter 5, especializada en inversiones en renovables.
Lo que significa la tramitación de permisos para el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC)
El PNIEC de España contempla que para el 2030 esté lista la instalación de 40 000 MW con lo que se espera cumplir, de manera holgada, con las exigencias de la Unión Europea en su norma de descarbonización y eliminación de electricidad que provenga de la quema de combustibles fósiles o que afecten a la naturaleza.
Para cumplir con esta ambiciosa meta, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica han tramitado un total de 1.351 permisos, en solo ejercicio fiscal. Esta cantidad de permisos significa que se invertirán, aproximadamente, 35.000 millones de euros en infraestructura de energía renovable.
Lo anterior, a pesar de que se estima que permisos solicitados por unos 20 000 MW habrían desistido del proceso debido a la implantación, por parte del gobierno, del Real decreto – ley 23/2020 el que fue impuesto para evitar la especulación pero supuso el cumplimiento de hitos adicionales por parte de los promotores.
Las exigencias de este decreto eran muy fuertes y difíciles de cumplir. Tanto así que el instituto de Transición Ecológica tuvo que conceder prórrogas y de esta forma evitar una catástrofe por una desbandada de las empresas. Entre ellas está el otorgamiento de seis meses para conseguir la autorización de construcción.
Asimismo, otra de 36 meses para la entrega de la Autorización Administrativa de explotación. En función de que se estaba alargando el proceso hasta hacerlo interminable y en virtud de que se está venciendo de cumplimiento de metas, este año decidieron simplificar los trámites dando un fuerte impulso al otorgamiento de permisos.
Con esta medida los promotores de energía renovable en España pueden prolongar hasta un máximo de ocho años el plazo para conseguir la autorización de funcionamiento pasando por encima de la autorización de explotación. Esto con la única salvedad de que deben dar fecha de entrada en servicio.
Sin embargo, esta fecha será dada en semestres. Eso sí, la misma tendrá carácter vinculante. Adicionalmente, con esta prórroga se busca la graduación de proyectos en forma voluntaria, de esta manera se atraen nuevas inversiones y se desarrolla la cadena de valor.
El problema oculto tras la liberación de permisos: ¿Podríamos acabar perdiéndolo todo?
No todo es perfecto, por lo que hay problemas que se deben resolver en forma secuencial. El primero será lo concerniente a la captura de precios y la capacidad de financiamiento de los promotores de las renovables en España. Además, las empresas eléctricas de energía no renovable enfrentan una caída de precios descomunal.
Concluyendo, aunque este año España se atrevió a asumir el desafío más grande de su historia, aún le queda mucho camino que recorrer una vez tenga la potencia de 46 000 MW instalada y lista para entrar en funcionamiento. Por lo que es hora de construir planes.
