EscucharLa empresa de proyectos tecnológicos Datasys, la cual planteó al gobierno la idea de instalar cárceles de carpas y puso al ministro de Justicia, Gerald Campos, en contacto con un proveedor español, logró un crecimiento exponencial en el monto de sus contrataciones con instituciones del gobierno durante la administración de Rodrigo Chaves Robles.
Esta compañía de capital costarricense pasó de obtener contratos por $11,9 millones, en los cuatro años del periodo de Carlos Alvarado (2018-2022), a $66,6 millones en los dos años y tres meses que lleva Chaves.
El incremento tiene la particularidad de que el 73% del monto adjudicado en el periodo actual se otorgó mediante contrataciones excepcionales, en vez de licitaciones ordinarias.
Tal es el caso de contrataciones especiales por emergencia, por situaciones imprevisibles o por servicios en competencia. Bajo esta última modalidad, Radiográfica Costarricense (Racsa, empresa pública propiedad del Grupo ICE) concedió a Datasys, en consorcio con la firma Vinet, el mayor de todos sus contratos, el cual ya suma encargos por $34 millones aunque el presupuesto inicial era de $3 millones.
En los últimos dos años y tres meses, Datasys ganó 59 contratos de instituciones de gobierno, una cifra superior a los 53 obtenidos en el gobierno de Alvarado. En el periodo de Luis Guillermo Solís, la firma recibió 26 adjudicaciones, y en el de Laura Chinchilla, obtuvo tres contratos por menos de $40.000.
Esta empresa tomó relevancia pública, recientemente, cuando el ministro de Justicia, Gerald Campos, declaró que en el Congreso que Arturo Salazar Valverde, uno de los gerentes de Datasys, fue quien le planteó la idea de construir cárceles de carpas, proyecto para el cual el gobierno de Rodrigo Chaves pidió a los diputados aprobar una primera partida de ¢2.684 millones ($5,3 millones al tipo de cambio actual).
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Campos dijo que “colegas” del gobierno le recomendaron hablar con el gerente de Datasys, pero se negó a precisar los nombres.
Según el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres –destituido por Chaves el 11 de julio–, otro de los gerentes de Datasys, Alberto Salazar, dirigió una reunión realizada el 7 de marzo entre el ministro Campos y la compañía española ARPA, para que esta presentara su oferta de carpas al jerarca.
Menos de cuatro meses después, Gerald Campos y la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, visitaron las instalaciones de ARPA en Zaragoza, España.
Contratación de Racsa sin revisión de Contraloría
Datos disponibles en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) evidencian que, desde el 2013, Datasys logró obtener contratos por un total de $84,2 millones. El 79% de esta cifra la obtuvo durante la administración Chaves Robles.
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El contrato más robusto, el de Racsa, se firmó el 8 de agosto del 2023, mediante un procedimiento especial por tratarse de una empresa estatal en competencia, establecido por el artículo 68 de la Ley General de Contratación Pública.
Según explicó el abogado especialista en contratación pública, Christian Campos, este procedimiento jurídico permite que las empresas públicas en competencia puedan realizar contrataciones sin que la Contraloría General de la República (CGR) les revise posibles objeciones al pliego del contrato ni recursos de apelación. “Todo queda en casa”, declaró el jurista.
Racsa presupuestó $3 millones con la finalidad de contratar “a un fabricante de equipo de telecomunicaciones que le ofreciera los servicios de diseño, suministro, instalación, configuración, integración, puesta en operación, capacitación, soporte, operación y mantenimiento de la red de acceso inalámbrico 5G para su explotación comercial”.
Datasys, en consorcio con Vinet, ganó la adjudicación y el 8 de agosto del 2023 firmó un contrato cuyo monto inicial era de $2,8 millones. Sin embargo, este número creció rápidamente.
Al tratarse de un convenio de entrega según demanda, el 8 de noviembre del 2023, Racsa emitió una orden de compra por $4,7 millones y, pocos días después, el 22 de noviembre, se añadieron $1,8 millones por modificaciones en las cláusulas del contrato.
Asimismo, el 27 de noviembre se emitió otra orden de compra más por $21 millones, a la que se sumó una por $930.000, el 24 de enero del 2024. Finalmente, el pasado martes 6 de agosto, Radiográfica renovó el contrato con Datasys por el mismo monto que se firmó inicialmente, $2,8 millones.
De la totalidad de dinero adjudicado durante la administración Chaves Robles a Datasys, el 51% proviene de Radiográfica.
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Millones de dólares se entregaron por métodos de contratación excepcional
Datasys ha obtenido 21 contratos en el gobierno actual gracias a métodos excepcionales. Por ejemplo, se le han adjudicado convenios por más de $8 millones por medio de contrataciones directas.
Según el abogado Christian Campos, esta excepción se establecía en la anterior Ley de Contratación Administrativa (que rigió hasta diciembre del 2022), y permitía evitar algunos filtros establecidos en métodos convencionales de contratación. Esta figura habilitaba los convenios con oferentes únicos o con un solo concursante.
Asimismo, Datasys obtuvo un contrato de $3,5 millones por medio de una “contratación directa para situaciones imprevisibles” realizada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de que se declarara emergencia nacional por el hackeo de las plataformas de la institución el 31 de mayo de 2022.
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La empresa multinacional logró dos negocios similares en febrero del 2023, cuando la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la contrató mediante una excepción por emergencia y le otorgó dos convenios que juntos suman $2,7 millones.
La CNE también se basó en el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno debido a los hackeos, y justificó que el objetivo del contrato con Datasys era comprar una licencia informática para la mitigación del ataque informático.
Así ocurrió pese a que la propia institución reconoció, en la solicitud de contratación, que los ataques informáticos habían comenzado 10 meses antes, el domingo 17 de abril del 2022.
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Antes de publicar este artículo, La Nación le consultó a Presidencia por qué la mayoría del monto adjudicado a Datasys se realizó por métodos excepcionales. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Casa Presidencial tampoco respondió por el hecho de que los gerentes de Datasys lograron planear y dirigir una reunión entre altos jerarcas del gobierno y una posible empresa proveedora de carpas para levantar una cárcel.
‘Datasys se limitó únicamente a ser el enlace’
Datasys argumentó a La Nación que es una empresa con más de 25 años de experiencia, y que todas las licitaciones institucionales que se les han adjudicado, en diferentes administraciones, se ganaron de forma transparente bajo los lineamientos que rige la ley.
“Bajo la Ley General de Contratación Pública de actual vigencia (desde diciembre del 2022), Datasys solo ha sido adjudicataria de procedimientos de alta concurrencia, como licitaciones mayores, reducidas y menores. Con respecto a la noticia sobre el contacto entre el Ministerio de Justicia y la empresa española ARPA, reiteramos que Datasys se limitó únicamente a ser el enlace entre ambas partes, dentro de la necesidad institucional de explorar alternativas de infraestructura temporal”, respondió la empresa.
Desde diciembre del 2022, Datasys consiguió cuatro contrataciones por métodos excepcionales, según consta en el Sicop. Tres de ellas las ganó en consorcio con Vinet por un total de $36,8 millones. Se trata del negocio con Racsa y los dos con la CNE.
La cuarta contratación excepcional, que ganó en solitario, no en consorcio, es un procedimiento con proveedor único firmado con el Servicio de Emergencias 9-1-1 en mayo del 2024, por $279.000.
Para realizar este análisis, este diario tomó en cuenta las compras realizadas por los ministerios, como Justicia, Presidencia y Seguridad; entidades financieras estatales, como el Banco Nacional y el Banco Popular; institutos públicos como el INS, el IAFA, el ICD o el ICE; empresas estatales como Racsa y otras instituciones como Recope, Conavi, Cosevi y Procomer. No se tomaron en cuenta las organizaciones no relacionadas con el Poder Ejecutivo, como las universidades, las municipalidades, la Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Bajo la Ley General de Contratación Pública de actual vigencia (desde diciembre del 2022), Datasys solo ha sido adjudicataria de procedimientos de alta concurrencia, como licitaciones mayores, reducidas y menores. Con respecto a la noticia sobre el contacto entre el Ministerio de Justicia y la empresa española ARPA, reiteramos que Datasys se limitó únicamente a ser el enlace entre ambas partes, dentro de la necesidad institucional de explorar alternativas de infraestructura temporal”.
— Respuesta de Datasys a La Nación
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