El argumento del Gobierno para defender que el acuerdo con Esquerra Republicana es "bueno para España" es que garantiza que Cataluña seguirá aportando una cuantía a la solidaridad territorial, aunque en una cifra inferior a la actual. El acuerdo parte de un diagnóstico común que es el que ha realizado tradicionalmente el independentismo y que ahora asume también el PSOE: la infrafinanciación de Cataluña.

En el pacto entre las dos formaciones se explica que "Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo". Es más, señala que la comunidad autónoma sufre de "una distribución poco justa" que "acaba limitando la capacidad de crecimiento económico de Cataluña". Afirmaciones que no se sostienen con los datos actuales. Cataluña tiene una financiación que está en línea con la media nacional y, además, ha tenido un gasto público por habitante superior a la media nacional financiado con deuda pública. Si no ha crecido más, no es por haber realizado unas políticas fiscales contractivas.

Con este diagnóstico que hasta ahora el Gobierno había negado, el objetivo de este acuerdo es lograr que Cataluña mejore su financiación con la creación de un régimen propio y bilateral. Es cierto que el acuerdo reconoce que Cataluña realizará algún tipo de contribución a la solidaridad nacional en el futuro (al contrario de lo que ocurre con los regímenes vasco y navarro), pero pone límites a la solidaridad que existe actualmente.

La primera, el principio de ordinalidad (Cataluña tiene que tener mejor financiación que las CCAA con menor capacidad recaudatoria). Y, la segunda, eliminar la "insuficiencia" financiera que ambas partes reconocen que sufre la comunidad. En definitiva, el acuerdo implica un recorte a la solidaridad de Cataluña bajo la premisa de que está infrafinanciada y sufre un déficit crónico de inversiones.

Sin embargo, los datos no concuerdan con el relato que ahora asume el PSOE. La financiación por habitante ajustado de Cataluña está en línea con la media nacional. Cataluña tiene una financiación por habitante un 1,7% superior a la media nacional, según los cálculos de Ángel de la Fuente correspondientes al año 2021 (último ejercicio cerrado). Una situación muy similar a la de Madrid, que tiene una financiación un 2,1% superior a la media nacional.

Esto significa que Cataluña no está infrafinanciada con el modelo actual. Son otras regiones, como Murcia o la Comunidad Valenciana, quienes están realmente infrafinanciadas, por una cuantía de casi el 9% y el 8% respectivamente. Si el gobierno estuviese preocupado por la infrafinanciación, debería atender a las necesidades de estos territorios, y no de Cataluña.

El Gobierno también asume que el Estado no ha realizado en Cataluña las inversiones acordadas en el marco del Estatut. En este caso es cierto que la ejecución de los últimos años se ha quedado lejos del mandato legal, que es que la comunidad participe en la inversión estatal con la misma cuantía que su peso en el PIB nacional. Sin embargo, la existencia de desviaciones en unos años no implica que la dotación de capital público en Cataluña sea inferior al que debería tener.

Aunque los datos lo muestran, basta un viaje por distintos puntos de la geografía nacional para constatar que Cataluña no tiene peores infraestructuras estatales que el resto del país. No se corresponde con el documento firmado por el PSC que señala que existe un "déficit de inversiones en Cataluña".

Los mejores registros sobre el stock de capital público son los que elabora la Fundación BBVA y el Ivie a partir de datos oficiales. Según estas cifras, el capital en infraestructuras públicas de transporte en Cataluña es un 5% inferior a la media nacional. Un dato normal teniendo en cuenta que la densidad de población reduce la ratio de capital por habitante.

En las tres provincias que no son la capital: Tarragona, Lleida y Girona, el stock de capital público supera ampliamente la media nacional, llegando a ser un 71% superior en Lleida. La relación de capital entre Cataluña y el resto de España ha mejorado en las tres últimas décadas, aunque con algunos cambios a lo largo de los años. La inversión en Cataluña fue más baja que la media nacional desde mediados de los 90 hasta mediados de los dos mil.

En los años de la burbuja, la inversión en Cataluña aumentó intensamente y desde el final de la crisis financiera se ha producido un retroceso, eso es cierto. Sin embargo, la relación de Cataluña con la media nacional es mejor ahora de la que existía hace tres décadas. A mediados de los noventa, el stock de infraestructuras en la comunidad era casi un 9% inferior a la media nacional.

Estos datos no han impedido al presidente Pedro Sánchez asumir el discurso del déficit inversor que sostienen los partidos independentistas. Para evitarlo, ha acordado la creación de un consorcio conformado por las dos partes (Estado y Generalitat) que se encargará de ejecutar las inversiones de los presupuestos del Estado.