La polémica en torno a la figura del contralor, Gerardo Solís, ha generado un intenso debate sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Voces críticas, como la de Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz, lo califican como un “operador político”.
No se trata de un monto menor, puesto que el Ifarhu, considerado uno de los brazos políticos del Ejecutivo, manejó en este quinquenio $2,210.5 millones de presupuesto, de los cuales $1,950.4 millones fueron asignados al Programa de Becas y Auxilio Económico.
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