El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales declaró prescrita la acción penal por el delito de corrupción a nueve de los 48 imputados en el proceso que se sigue por peculado en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de granos.

Este lunes 11 de diciembre, durante la apertura del juicio, la juez Agueda Rentería acogió un incidente de nulidad presentado por Ana Belfon, abogada del empresario Mario Martinelli, por considerar que el delito de corrupción se encontraba prescrito, ya que la investigación se inició en el año 2014 y ya han transcurrido el máximo de la pena aplicable por este delito que es de seis años de prisión.

Sin embargo, esta decisión fue apelada por los fiscales Kyra Tascón, Ariel De Gracia y Ada Almanza.

La juez Rentería decidió suspender el juicio, luego que nueve de los abogados defensores presentaron incidentes de nulidad contra la notificación del auto de pruebas hecho a la acusación particular. Según los abogados defensores, el tribunal notificó vía edicto del auto de pruebas la acusación particular, cuando dicha notificación debió hacerse de manera personal.

Ante esta circunstancia, el juzgado decidió acoger el incidente de nulidad para subsanar dicha situación, por lo que fijó una nueva fecha de juicio para el 13 al 29 de mayo de 2024.

En este proceso figuran los exministros Guillermo Ferrufino, Jaime Ford, Frank De Lima y Lucy Molinar, además de Enrique Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.

En el caso de De Obarrio se giró una orden detención a través de Interpol. El exfuncionario abandonó el país el 25 de diciembre de 2014.

Esta investigación se inició el 21 de agosto de 2014, cuando el entonces diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela, reveló en una entrevista televisiva la supuesta existencia de sobrecostos en las compras de arroz realizadas por el PAN.

Según la declaración de Varela, el PAN adquirió el quintal de arroz a $80, cuando en el mercado local costaba $25.

Un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, del año 2015, reveló que se pagaron precios más altos que los que tenía el Instituto de Mercadeo Agropecuario y que se desconocía cuál fue el destino final de los granos, entre otros aspectos.

Juan Manuel Díaz

Reportero Judiciales