La Unión Europea ha blindado a Pfizer y Moderna ante la responsabilidad por potenciales efectos secundarios derivados de la administración de su vacuna. Si estos se produjeran, correspondería a los estados miembros hacerse cargo de las indemnizaciones correspondientes. Este reparto de responsabilidades ha sido un tema constante de debate en Europa los últimos meses debido a que la confidencialidad de los contratos impedía conocer con exactitud qué se había acordado. Ahora los contratos obtenidos y avanzados por La Vanguardia muestran que son los países los que asumirían el pago ante eventuales demandas.
El texto del contrato de Pfizer, hecho público por este diario en su edición de ayer, indica que la administración de las vacunas se hará bajo las condiciones epidemiológicas que requieran su uso y que esta “se llevará a cabo por lo tanto bajo la única responsabilidad de los estados miembros participantes”. Una responsabilidad que se prolongará durante 24 meses. En caso de que se requieran dosis adicionales, las dos partes negociarán si mantener estas cláusulas estaría justificado.
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Las indemnizaciones corresponderían a compensaciones por muerte, heridas físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o daños de una propiedad, pérdidas económicas o interrupciones de la actividad económica, según especifica el artículo I.12.2 del contrato firmado entre la Comisión Europea y Pfizer, el pasado 20 de noviembre.
La responsabilidad solo recaería en la farmacéutica en el caso de mala conducta deliberada o a un defecto de calidad, una violación de las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales que establece la normativa de la UE. Como en todos los aspectos del contrato, la legislación que se le aplica es la de Bélgica.
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En el caso de Moderna, la redacción del contrato es ligeramente distinta en la forma, pero coincidente en el fondo. Los estados miembros son los que asumirán potenciales indemnizaciones, excepto en casos muy determinados, cuando se produzca mala conducta o grave negligencia de la farmacéutica.
En el contrato suscrito con la compañía Moderna el 4 de diciembre del 2020, se explicita que los estados miembros son conscientes de las dificultades en las que la farmacéutica trabaja para desarrollar y producir el suero. Así, Moderna no puede “garantizar” ni “responsabilizarse” de que la vacuna esté disponible a tiempo o que produzca los resultados esperados, es decir, que sea eficaz y que no produzca efectos secundarios inaceptables, según especifica el contrato al que ha tenido acceso La Vanguardia .
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En cualquier caso, la responsabilidad y las posibles indemnizaciones corresponden a los estados miembros.
Es de prever que el resto de contratos que ha firmado la Comisión Europea con las farmacéuticas autorizadas vaya en la misma línea: exención de responsabilidad de los efectos adversos no contemplados en los ensayos clínicos. En este momento, hay dos sueros en el punto de mira, el de AstraZeneca y el de Janssen, en los que los responsables de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) han observado vínculos entre la administración de estas vacunas y la aparición de unos trombos muy infrecuentes.
El contrato de Moderna, suscrito entre el consejero delegado de la compañía, Stéphane Bancel, y la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides (el primero desde Estados Unidos, la segunda, desde Chipre) para la compra de 80 millones de dosis (con opción a otros 80 millones más), establece un calendario de entrega de las dosis por trimestres: las primeras 10 millones de dosis, antes de que finalizara marzo; 35 millones, entre abril y junio; y otros 35 millones, entre julio y septiembre. El precio es de 22,5 dólares por dosis (algo menos de 19 euros). Como anticipio se pagó 318 millones de euros en una cuenta del Bank of America de Zurich.
Lo que sí se deja claro en el acuerdo con Moderna, a diferencia del suscrito con la farmacéutica norteamericana Pfizer, es que en caso de que se produjera un retraso de 90 días (tres meses) en la entrega de las vacunas pactadas, la Comisión Europea tiene la facultad de cancelar el contrato y recibir el 100% de lo pagado, eso sí, siempre que lo haga en los 14 días del incumplimiento de los plazos establecidos.
En este contrato, como en el de Pfizer, se prohibe que los países miembros negocien por su cuenta la adquisición de las vacunas de estas farmacéuticas. La compra es centralizada por la Comisión Europea, que es la que ha recibido los poderes de los estados miembros para negociar los contratos y la compra de estos fármacos contra la covid.
