El ACTA a la mexicana

En un hecho que atenta contra el paradigma de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el gobierno federal mexicano firmó con Japón la Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo Comercial contra la Falsificación, a través del cual se criminaliza la actividad digital de los cibernautas que descarguen, copien, transmitan o almacenen libros, películas, videos y todo aquel documento que sea propiedad de terceros.

Con la firma del ACTA el gobierno federal avanzó en la creación de mecanismos de censura en Internet para frenar la libertad de expresión y eliminar contenidos “protegidos” por ser del dominio empresarial, poner en marcha un programa de vigilancia a través de la policía o el ejército sobre aquello que comparten los usuarios desde sus correos electrónicos o mediante redes sociales como Facebook o Twitter, además de establecer sanciones que podrían llevar a la cárcel a una persona por publicar en su blog videos de Shakira o películas de Disney.

La firma del acuerdo fue efectuada este miércoles 11 de julio por el embajador de México en Japón, Claude Heller. Aunque su entrada en vigor depende de su ratificación en el Congreso de la Unión, la aceptación de tal acuerdo por parte de la administración del Presidente Felipe Calderón parece que no tomó en cuenta que su aplicación representa un atentado directo a la libertad social en Internet, al conocimiento compartido y a la educación en red.

Desde su primera discusión en el Senado de la República en octubre de 2010, se exhortó al gobierno federal para no dar continuidad al ACTA. En junio y septiembre de 2011, diputados del Congreso federal emitieron recomendaciones a la administración calderonista para no firmar el acuerdo. Sin embargo el Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI), encargado de regular marcas y patentes, continuó impulsando el proyecto hasta concretar su firma.

Hay que recordar que el ACTA no llega sola. En el último año se han impulsado normas en otros países para obligar a los cibernautas a pagar por los contenidos que consumen y convertir a Internet en un aparador de productos. Tales han sido los casos de PIPA (Protect IP Act) y SOPA (Stop Online Piracy Act) en Estados Unidos, o la fracasada Ley Döring en México en diciembre de 2011, así como otras medidas aprobadas en España, Colombia o Rusia.

¿Qué es el ACTA?

El ACTA es un acuerdo internacional promovido desde hace tres años por Estados Unidos y por un centenar de empresas, en su mayoría norteamericanas dedicadas a la producción de música o películas, como es la industria de Hollywood. Destacan en su promoción la Recording Industry Association of America (RIA) y la Motion Picture Association of America (MPAA).

En el último año, las compañías productoras de contenidos mediáticos y el gobierno de Estados Unidos, han llevado al ACTA a través de legisladores y senadores a una gran cantidad de países para que sean firmados por sus respectivos gobiernos bajo dos argumentos: combatir en Internet la piratería de ideas y productos que tengan un registro de propiedad privado, y proteger la falsificación de productos, marcas y obras.

Un ejemplo del cabildeo de las empresas y el gobierno norteamericano se registró el pasado 27 de enero con la aprobación del ACTA por parte de 22 países europeos. Tal medida provocó ciberprotestas y marchas callejeras de internautas en Alemania, Polonia, y Holanda, así como un rechazo abierto por parte de los congresos de Eslovenia, Letonia y República Checa. El 5 de julio el Parlamento Europeo con 165 votos en contra y 39 a favor, rechazó la aprobación del ACTA para la Unión Europea.

A pesar del revés europeo, las empresas trasnacionales y los gobiernos promotores continúan impulsando entre las zonas económicas la aprobación del ACTA. Hoy en día existe una abierta simpatía de algunos Estados con los intereses comerciales de las empresas promotoras para someter a sus ciudadanos a la regulación que dicta el interés del mercado:

Ahora que México firmó el ACTA, el gobierno da un paso adelante para la puesta en marcha de instrumentos que vulneran la vida privada en Internet y representan un ataque directo a la libertad de la Sociedad de la Información a costa de beneficiar a un grupo de empresas globales que impulsan medidas para no perder ingresos económicos.

A grandes rasgos intentaré resumir los puntos fundamentales del ACTA y su repercusión en México, algunos de los cuales han sido modificados a lo largo de las negociaciones, como ocurrió en Canadá, sin embargo mantienen como columna vertebral la protección de la propiedad privada ante la libertad que genera Internet:

a. Las ideas, productos, marcas y toda creación que haya sido registrada como propiedad privada por algún particular, empresa u organismo, será protegida en la red.

b. En Internet sólo pueden tener acceso a documentos protegidos quienes previamente hayan pagado por ellos. Quien “descargue” una canción o un libro digital sin haberlo pagado, serán catalogados como delincuentes por piratería.

c. Es considerado ilegal compartir, “bajar” y almacenar “copias” de archivos protegidos por la propiedad intelectual, incluyendo la modificación de códigos digitales como es el lenguaje de Internet.

d. El Estado recibirá las demandas de las empresas o particulares que consideren que se atenta contra sus derechos de propiedad privada y actuará contra los cibernautas infractores mediante órdenes judiciales.

e. El gobierno tendrá la facultad de inspeccionar la red para encontrar que no existan servidores en México que guarden documentos con derechos de autor, o bien páginas que tengan enlaces a materiales protegidos. En caso de encontrarlos, deberán de ser eliminados.

f. Las empresas llamadas Internet Service Provider (ISP) serán obligadas a inspeccionar la función de los cibernautas para detectar actividades ilegales que atenten contra los derechos de las compañías económicas y todo aquel demandante.

g. El ACTA mexicana contempla sanciones contra los cibernautas que compartan o hagan uso de contenidos por los cuales no pagaron previamente. Las infracciones van desde el bloqueo de páginas de Internet, pasando por multas económicas y hasta la cárcel. La sanción dependerá de la demanda interpuesta por la empresa productora o el autor, y del daño ocasionado a su propiedad privada.

Con la firma del acuerdo, el gobierno federal mexicano, el IMPI, los diputados y senadores que estén a favor de ratificar la norma, así como la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia de la República, se sube al tren de los “enemigos de Internet”, como han sido calificados todos aquellos Estados que promueven leyes que criminalizan la actividad de los usuarios en la red. Los impulsores ven a Internet como un enemigo de la economía, pero no se dan cuenta que Internet es más que un mercado de productos: los cibernautas que comparten archivos y datos no pretenden cometer un delito, además de que en la era digital no comparten copias, lo hacen por interés personal y porque la tecnología en red permite a los usuarios construir sus propios contenidos.

Por lo tanto, la libertad que debe surgir de la razón del individuo, estaría siendo socavada bajo el miedo que pretende instalar el gobierno mexicano mediante la sanción a quien no cumpla con el ACTA. Ante la Era de la Información parece que el Estado mexicano tiene amnesia análoga: Internet no es propiedad de la economía, ni tampoco de algún gobierno. Internet es propiedad de la humanidad, y debido a que sus inventores compartieron los códigos y no los registraron como marcas privadas es que floreció la nueva tecnología. Gracias a la cultura libre existen la mayoría de las innovaciones que usamos todos los días, desde el teléfono inalámbrico hasta el servicio de mensajería. En otras palabras: las patentes y la propiedad intelectual que promueven las industrias económicas, frenan la innovación, son contradictorias al desarrollo tecnológico y atentan contra el conocimiento abierto de la Sociedad Red.