Costa Rica niega injerencia política en caso de Paul Watson

Como parte de los esfuerzos desplegados por Costa Rica en materia ambiental, se encuentra la implementación de una fórmula de desarrollo en armonía con la naturaleza, acorde con el reconocimiento, inscrito en nuestra Constitución Política, de que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los esfuerzos de Costa Rica han hecho posible que el país sea uno de los 5 países que más protege el ambiente.

De acuerdo a una nota de prensa, desde la década de los ańos 70, el país decidió crear una extensa red de parques nacionales que hoy cubren el 25% del territorio nacional. Ha complementado ese esfuerzo con diversos instrumentos de política pública que han logrado revertir la tasa de deforestación, al punto de que Costa Rica fue el primer país tropical del planeta en volver a ver crecer una cobertura forestal que hoy llega a un 52% del territorio nacional. Más recientemente firmamos el compromiso de Nagoya para hacer crecer nuestras aéreas marinas protegidas de niveles minúsculos a un 10% del total de nuestros mares.

En materia de protección de las especies marinas, Costa Rica también se destaca en general por sus esfuerzos a nivel nacional e internacional. El compromiso con la protección de los tiburones, está respaldado en particular por una amplia legislación orientada a conservar la fauna marina, controlar la pesca, y explotar de manera sostenible los recursos.

La legislación costarricense también combate de manera frontal la práctica conocida como el "aleteo", que consiste en el corte de las aletas del tiburón y la posterior suelta del cuerpo al mar. Costa Rica ha emprendido, junto con otros países de la región, esfuerzos administrativos, judiciales y políticos notables para erradicar esta práctica.  Es parte del "Plan de Acción Regional para la ordenación y conservación de los tiburones en Centroamérica". Adicionalmente, el país lidera en la Convención CITES (Convention for International Trade of Endangered Species) la propuesta para que el Tiburón Martillo fuera incluido en la lista que les protege del tráfico y comercio internacional, esfuerzo que se realiza en apoyo con ONGs locales como PRETOMA y MARVIVA, e internacionales como TNC; además de capitalizar un apoyo creciente en países como Honduras y Colombia, que se han sumado a nuestro esfuerzo dentro de CITES relacionada con la protección de esa especie.

De la mano con estos avances, existen limitaciones de personal y de orden material para hacer frente a las múltiples amenazas contra el medio ambiente en general, así como para avanzar sustantivamente en la lucha contra el aleteo en particular. A pesar de las dificultades, en los Tribunales de Justicia costarricenses recientemente se ha sancionado de forma ejemplar la pesca ilegal ejecutada en nuestras aguas, particularmente dentro del Parque Nacional Isla del Coco que es un sitio patrimonio de la humanidad inscrito bajo UNESCO, y se han abierto varias causas penales contra embarcaciones locales e internacionales que pescan ilegalmente en zonas protegidas.

A la par de todo lo anterior y de las credenciales del país en materia de protección y conservación ambiental, Costa Rica también es ampliamente reconocida en el mundo por ser un Estado de Derecho que privilegia la igualdad ante la ley, los derechos humanos y cuyo ordenamiento jurídico ante todo respeta el debido proceso. No en vano, Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso particular de la lucha contra el aleteo, al marco legal se suma el compromiso de las autoridades para combatir esta práctica. De ello se desprende que la lucha contra esta nociva actividad, que constituye una amenaza evidente para la excepcional riqueza marítima costarricense, tiene que desarrollarse en respeto a las leyes vigentes. Ninguna persona, nacional o extranjera, puede violentar el marco legal existente en nuestro país para defender las causas que considera justas, ni usurpar la autoridad del Estado.

El ciudadano canadiense Paul Watson ha sido denunciado ante los tribunales de Costa Rica por ciudadanos particulares costarricenses, a raíz de actos supuestamente sucedidos en el ańo 2002 que, presuntamente, pusieron en riesgo de naufragio a una embarcación y amenazaron la vida e integridad física de varias personas. Como en cualquier otro incidente vehicular terrestre o marítimo, los afectados pueden recurrir a los tribunales costarricenses para presentar sus quejas y demandas. 

Los hechos por los cuales se juzga en Costa Rica al seńor Paul Watson ocurrieron en el ańo 2002 y tuvieron lugar en aguas guatemaltecas, al querer el seńor Watson hacer justicia por sus propias manos. El intento de hundimiento de una lancha pesquera costarricense por el seńor Watson se dio ya que, según él, la nave costarricense supuestamente pescaba tiburones para "aleteo"; no obstante que esta última suposición del acusado nunca se ha demostrado.

Por el contrario, lo que sí está demostrado mediante un vídeo elaborado por sus mismos ayudantes, es que su barco embistió la nave pesquera costarricense, amarrándola luego a la suya, supuestamente provocando lesiones a personas y atentando contra la vida e integridad de sus tripulantes.  Esto fue lo sucedido con el seńor Watson, quien luego de ser requerido para comparecer ante las autoridades judiciales costarricenses para esclarecer la denuncia de los supuestos afectados, desapareció de territorio costarricense y no se presentó a juicio cuando fue convocado. Ello ha dado origen a una orden judicial de captura.

Los tribunales costarricenses, dentro del más absoluto respeto a los principios del debido proceso e independencia judicial, actúan con total independencia del Poder Ejecutivo.

Costa Rica es un país que ofrece garantías suficientes de un debido proceso, sin ninguna injerencia política. El juzgamiento del seńor Watson no será la excepción.